En la entrega anterior se expuso, de forma breve, las repercusiones que ha tenido la crisis política, económica y social de Venezuela en los territorios fronterizos del estado Táchira y cómo ha venido afectando la calidad de vida de esta población. En este sentido, es importante destacar los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) para 2020; la cual, refería que el porcentaje de los hogares que vivían por debajo de la línea de pobreza extrema en el municipio Pedro María Ureña era de 66% y de 67% para los municipios Bolívar y García de Hevia (municipios venezolanos limítrofes con el Departamento Norte de Santander, Cúcuta, Colombia); mientras que el porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria era del 100% para los tres municipios.
En materia comercial, la participación de la aduana de Cúcuta (Departamento Norte de Santander) para 2014 fue del 31% y cayó a 0% en 2021, trasladándose estas operaciones a las aduanas de Maicao (Departamento de La Guajira, Colombia) y Cartagena (Departamento de Bolívar, Colombia); las cuales pasaron a administrar el 47% y 33% de la actividad comercial, respectivamente, en 2021. Esto, refleja la contracción económica y social de la zona, que se exacerbó principalmente por el cierre del límite internacional en 2015; lo cual, profundizó la caída de la actividad comercial y ralentizó, aún más, el aparato productivo, agravando la disponibilidad de empleo y por ende los niveles de pobreza y marginalidad.
En relación a la problemática expuesta, en esta ocasión les presentamos algunas recomendaciones que deben ser consideradas por los hacedores de políticas públicas, a fin de generar condiciones que favorezcan el desarrollo territorial en estas zonas; ya que, la aplicación de un plan que contenga medidas eficaces, reduciría los incentivos a las actividades ilegales, porque como se ha evidenciado, el actual contexto se inicia por las erradas prácticas económicas y una visión de frontera más asociada a la noción defensiva y militarizante que a un espacio compartido. En tal sentido, un programa económico para estos territorios fronterizos debe ir acompañado de la coordinación de los gobiernos de Colombia y Venezuela, a favor de una política de convergencia, que permita aminorar el impacto de los desencuentros gubernamentales y fomentar la cooperación.
De esta manera, la solución a este asunto es llevar a cabo un ejercicio de políticas públicas enmarcadas en el desarrollo territorial fronterizo, que permita diseñar e implementar políticas de Estado y no de gobierno, que contribuyan a atender las asimetrías, debilidades y especificidades de la frontera. Esto, a través de un proceso de integración económica más profunda en donde se incluyan además de variables económicas, factores sociales, culturales, institucionales y ambientales que permitan atender las desigualdades con las que cuentan ambos países y que se hace más evidente en estos espacios fronterizos. Se plantea entonces, una vuelta a la Comunidad Andina (CAN) y a la propuesta de creación de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), que contempla una política comunitaria de integración con el objetivo de unificar los mercados de los países miembros, no solo desde el punto de vista económico; sino también en el área social. No obstante, esto se vio interrumpido por la denuncia de Venezuela a este acuerdo, la orientación anti sistémica de integración económica y una preeminencia hacia el proyecto de la ALBA-TCP por parte del gobierno venezolano.
Es importante destacar que con la llegada en 2022 de Gustavo Petro a la Presidencia de la República de Colombia y la afinidad ideológica con el gobierno venezolano, se han producido algunos avances en términos del restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, la reapertura progresiva de la frontera y la protocolización de una nueva versión del APP.C N° 28. No obstante, muchos de los beneficios de estas nuevas acciones podrán verse en el mediano y largo plazo, producto del evidente deterioro que ha sufrido esta zona por mucho tiempo y que lo han convertido en un escenario muy complejo.
En nuestra opinión es primordial que se produzca una reformulación de la política económica venezolana a fin de reinstitucionalizar esta zona y aprovechar las potencialidades que ofrece por su condición de economía binacional, su tradición y especialización comercial, contar con capital humano y una población binacional familiarizada con el entorno, sistemas de conexión binacional y hacia terceros destinos, capacidad instalada, vías de acceso e infraestructura ociosa en el sector industrial. Esto, sentará las bases para promover la inversión que conlleve a la recuperación de la producción y del empleo productivo en beneficio del desarrollo territorial de este eje fronterizo.
Econ. Dyanna M. Ruíz U.
Economista. MSc en Fronteras e Integración. Editora-Jefe de la Revista Economía, IIES, FACES, ULA.
Econ. Albio E. Márquez R.
Economista Doctor en Ciencias Humanas. Director del IIES, FACES, ULA.
17-09-2023
