Por: German Rodriguez Bustamante…
Una reestructuración de deuda es un proceso financiero para modificar los términos de obligaciones existentes, referidos a tasa de interés y plazos de vencimiento. Esto ocurre cuando hay dificultades de pago, buscando evitar el incumplimento o evitar demandas por deudas en default. Permite adaptar las cuotas a la capacidad real de pago, aunque suele aumentar el costo total a largo plazo. Esta semana la coalición en el poder en Venezuela, anuncia el inicio de un proceso de negociación de la deuda actual del país, la cual se encuentra en atraso desde noviembre de 2.017. Proceso más complejo que el anuncio realizado, existen muchos componentes que produce incertidumbre entre los tenedores y por otra parte desconfianza entre los ciudadanos venezolanos, por las implicaciones financieras futuras, por deudas que no produjeron inversiones productivas en el país. Lamentablemente muchas de estos recursos fueron molidos por el trapiche corrupto.
La deuda total estimada oscila entre 150 y 170 mil millones de dólares, integrada por deuda financiera cerca del 58 % y deuda no financiera 42 %. El proceso de reestructuración es complicado, ya que es una de las deudas soberanas y cuasi soberanas más complejas en la historia de los mercados emergentes, debido a la variedad de sus acreedores. La financiera es la más cuantiosa e incluye los instrumentos financieros emitidos directamente en mercados internacionales: bonos de la República o deuda soberana; bonos de PDVSA y títulos vinculados por la antigua electricidad de Caracas. La deuda no financiera integrada por: litigios presentados ante cortes y centros de arbitrajes por expropiaciones o confiscaciones de activos de empresas internacionales; fondos bilaterales constituidos supuestamente para el desarrollo como el chino y ruso; deudas acumuladas con empresas privadas que suministraban insumos o prestaban servicios especializados y deudas menores con instituciones financieras regionales.
Necesariamente un proceso de reestructuración exige la certificación de la misma, entendida como la validación y conciliación de la deuda externa. Es una operación formal de negociación soberana, que se ejecuta mediante una estricta metodología financiera, legal y contable. El objetivo principal es determinar con exactitud quién es el acreedor real, cuánto se debe y bajo qué contratos legítimos se exige pagar.
No es suficiente la manifestación en términos de transparencia y buena voluntad, por ello se plantea una reunión la próxima semana con el FMI. Sin la anuencia de los acreedores, sobre todo los financieros, la reestructuración es un deseo solamente. El FMI puede hacer una análisis con mayor profundidad, de las implicaciones futuras del servicio de la deuda o el peso financiero de la misma, en los presupuestos públicos, por el nuevo horizonte de tiempo negociado. Es decir valorar la sostenibilidad y posibilidad cierta que los nuevos términos acordados, el país lo pueda cumplir tomando en cuenta sus ingresos futuros, de lo contrario los tenedores no aceptarán ningún tipo de acuerdo.
Lamentablemente por la opacidad aplicada por el régimen, ni el BCV ni el Ministerio de Finanzas publican cifras sobre el volumen actualizado de la deuda contraída por la República. Existen algunos estudios que hacen agencias internacionales, pero los registros contables del Estado deben ser mostrados y validados por organismos, bancas especializadas y técnicos del FMI para que el proceso tenga éxito. El país necesita recursos nuevos y para ello la reestructuración de la deuda es imprescindible. Cada deudor debe presentar físicamente o de forma electrónica los certificados de los bonos, contratos comerciales, facturas pendientes o copias de los laudos arbitrales firmes dictados en su favor. Los cuales serán sometidos a revisiones para determinar la legitimidad de los mismos.
La realidad es que el país muestra un exceso de deuda, lo cual le impide el acceso a financiamiento externo, restringe la capacidad de inversión pública e impide la plena reintegración al sistema financiero internacional. Es fundamental para el proceso, realizar un análisis riguroso de la sostenibilidad de la deuda, que refleje las necesidades reales de Venezuela y priorice un alivio significativo de la deuda, sobre los presupuestos públicos. A pesar de la celeridad mostrada por la coalición dominante en el poder en Venezuela, esta negociación puede llevar más tiempo que lo previsto por ellos. Es obvio que para poder obtener fondos nuevos es esencial reestructurar las acreencias actuales. Los recursos derivados por la tutela petrolera y minera no son suficientes para abordar un programa de estabilización y de crecimiento a largo plazo.
La flexibilización de las sanciones de la OFAC facilitan el proceso. El departamento del tesoro americano, emitió autorizaciones específicas que permiten formalmente a bancos, firmas de consultoría y agencias legales entablar conversaciones y asesorar a las instituciones venezolanas y a PDVSA para el rediseño de sus obligaciones. Sin estas licencias, cualquier acuerdo de renegociación, firma de nuevos contratos o emisión de bonos de canje carecería de validez legal en las cortes de Nueva York, jurisdicción bajo la cual se rige la mayor parte de la deuda soberana. Sin embargo, la licencia vigente únicamente autoriza a Venezuela a contratar asesores financieros. La normativa legal estadounidense todavía prohíbe formalmente, entablar negociaciones directas con los tenedores de bonos o sellar un acuerdo definitivo de intercambio de títulos. El avance real dependerá de que Washington emita nuevos permisos. En consecuencia, todavía faltan acciones, valoraciones y anuncios, para que el proceso pueda avanzar con la celeridad deseada por la coalición en el poder. El riesgo es que este anuncio y concreción sea un nuevo corset que limite la actuación de un gobierno nuevo, el cual se pueda conseguir con unos presupuestos amarrados y totalmente comprometidos, obstaculizando cualquier proyecto de tierra de gracia.
@germanrodri
18-05-2026
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