Por German Rodriguez Bustamante…
Las futuras reformas tributarias deben centrarse en aumentar la recaudación fiscal, fortalecer las administraciones tributarias contra la evasión y ajustar impuestos a personas naturales y jurídicas. Se deben abordar cambios en el IVA, impuestos al patrimonio, y nuevos tributos ambientales o de consumo. Haciéndolas sostenibles y sociales, para financiar el gasto público y reducir la desigualdad, enfocándose en la equidad, la justicia social y la protección ambiental. Estas medidas suelen gravar más el patrimonio, los altos ingresos y actividades contaminantes, buscando un desarrollo económico equilibrado y responsable.
En la nueva etapa de pragmatismo revolucionario forzado por las circunstancias, la perestroika criolla anuncia una reestructuración de su modelo tributario con el objetivo de hacerlo más eficiente y competitivo, impulsado por el consejo nacional de economía productiva. Entre las propuestas que aparecen se evalúa la posibilidad de una amnistía fiscal, la derogación de impuestos y la actualización del código orgánico tributario para aliviar la carga sobre los contribuyentes, sometidos a una presión desproporcionada que conduce al chantaje. Era fácil predecir que en ese esquema de confiscación fiscal las inversiones estarían ausentes.
La visión de reformas tributarias futuras deben ampliar el horizonte de la acción política y del diseño e implementación de políticas públicas, combinando sentido práctico de corto plazo con una mirada de largo plazo para lograr acuerdos y relaciones de cooperación sostenibles, en ámbitos estratégicos para el desarrollo del país. En este contexto la fiscalidad, tanto en el momento de la tributación como el del gasto, resulta clave para financiar los compromisos en materia de igualdad y sostenibilidad del desarrollo. Asimismo, permiten construir una institucionalidad estatal más robusta y con más capacidad de incidir en las transformaciones productivas y sociales que se requieren. En consecuencia, un pacto fiscal no es un pacto más, sino uno que a partir del cual, los demás pactos se hacen financieramente viables y que vinculan de una forma más fuerte las obligaciones y los beneficios de la sociedad.
En el pasado la estructura en el poder ha intentado adecuar y simplificar el sistema por ejemplo: con la ley de armonización tributaria (2.023), que estableció límites a las tasas de impuestos estatales y municipales para evitar la doble tributación y excesos en los cobros locales, la modificación estructural del código orgánico tributario en (2.020), que endureció las sanciones y ancló las multas al tipo de cambio oficial de mayor valor.
Estas iniciativas no produjeron resultados positivos, la armonización de los tributos municipales y estatales siguen bajo una alta discrecionalidad y el cambio del COT se convirtió en una herramienta para el chantaje y la matraca, encauzando a acuerdos informales para evitar el peso de la sanción.
La crisis que viene padeciendo el país en estos años de revolución, agravada en los últimos, minaron la capacidad contributiva de la base de contribuyentes, las iniciativas empresariales tienen poca vida útil, por lo cual la posibilidad de una amnistía tributaria podría impulsar la ampliación de la base. El sector privado propone simplificar trámites para fomentar la competitividad y atraer inversión extranjera. Instrumentar mecanismos para que el sector empresarial retome un rol corresponsable en el sistema de pensiones, permitiendo un modelo de beneficios compartidos, con procesos de rendición de cuentas que en este momento se encuentran en mora.
El reconocimiento de la inflación para la determinación del impuesto sobre la renta y la exclusión de los sujetos pasivos especiales para este mecanismo. Creación de un monotributo o declaraciones simplificadas para formalizar a los pequeños comercios y sectores informales que hoy no tributan e incorporar progresivamente en el sistema. Establecer normas claras para la deducción de pérdidas por diferencial cambiario, en este momento sujetas a interpretación discrecionales de la administración.
Es fundamental el establecimiento de tributos simplificados para sectores específicos con ventajas comparativas, de manera de propiciar inversiones y que los beneficios de las mismas queden en las localidades captadoras. Eliminación de impuestos regresivos y los pagos anticipados que obligan al contribuyente a cancelar por ingresos que no se han recibido. Disminuir la carga de trabajo de los contribuyentes en calendarios rígidos y exageradamente ajustados que obligan a un permanente proceso de declaraciones interminables.
Las reformas pueden producir condiciones e incentivos para la inversión, pero si la estructura de gestión en la administración tributaria se mantiene, la desconfianza será igual, los niveles de corrupción existente son difíciles de corregir con un instrumento legal. La misma debe contar con un reconocimiento del ente como profesional y alejado de la política. Mientras esas realidades no cambien los ajustes legales de poco servirán, el maquillaje de anuncios para mostrar la disposición de corregir errores del pasado, necesitan más que la simple confesión.
Así como en el ámbito de la justicia las nuevas designaciones realizadas de funcionarios no conducen a la restitución de libertades, en lo fiscal y tributario la voluntad de cambio debe trascender a los anuncios.
Los sistemas tributarios para combatir la pobreza deben ser progresivos, donde quienes ganan más pagan un porcentaje mayor, y enfocarse en la redistribución a través del gasto público. Las estrategias clave incluyen gravar más la renta y la riqueza, reducir impuestos indirectos (IVA) sobre bienes básicos, implementar impuestos a herencias y utilizar transferencias monetarias directas a hogares vulnerables. Hay que buscar más asnos para llevar la carga.
@germanrodri
13-04-2026
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