Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Algunas reformas económicas buscan aumentar de generación de divisas, crecer de forma sostenida y de esta manera lograr un mayor bienestar colectivo. El régimen de Maduro ha intentado implementar medidas económicas que detenga la caída en picada de la actividad económica, experimentada por la Nación en los últimos 7 años. Pareciera que se está llegando al fondo, el cambio de rumbo se debe principalmente a una combinación de reformas como la eliminación de los controles de precios, la reducción de los subsidios a productos esenciales como la gasolina y la eliminación de muchas restricciones cambiarias. La realidad es que en este momento casi todo en el país se cotiza en dólares, no en bolívares. Los severos límites a los préstamos, la impresión de dinero por parte del banco central y la dolarización consentida de la economía ha hecho que los precios sigan subiendo a un ritmo mucho más lento. La inflación anual se ha reducido, en términos mensuales el aumento de los precios se ha desacelerado aún más. Sin embargo, son medidas que producen consecuencias graves en sectores fundamentales, sobre todo en la generación de empleo formal.
Sin duda alguna, los brotes verdes por la pequeña recuperación del 2.021 son solo un pequeño alivio. El país sigue tambaleándose tras dos décadas de mala gestión económica y cuatro años de sanciones paralizantes. La mayoría de la población no tiene acceso a dólares. La realidad es que casi todo el mundo en el país está pasando por la pobreza y por dificultades extremas, que los obligan a mantener el flujo migratorio. Si bien algo de crecimiento después de tantos años de miseria es positivo, hay una desconexión total entre lo que la gente común está viviendo día a día y las garantías del régimen de que la economía se está recuperando. Es fundamental atraer el capital necesario para la reconstrucción de la industria petrolera, premisa que perece muy difícil, en este contexto del modelo político imperante en el país, con calificaciones dictatoriales y autoritarias graves. La nación está excluida de los mercados financieros internacionales basados en el dólar debido a las sanciones y adicional la incertidumbre política aleja la participación de organismos multilaterales de financiamiento.
Maduro anuncia una recuperación del 4 % para el 2.021, no confirmada por el Banco Central, organismos como el FMAI y la CEPAL no son tan optimistas y proyectan caídas entre 3% y 5 % respectivamente. El sector privado fue uno de los mayores beneficiados con las políticas de liberación de precios, dolarización de facto, la exoneración de aranceles y la mejora en los precios del petróleo, duramente golpeado por la pandemia, la crisis económica y la ausencia de incentivos. El mismo ha logrado de alguna manera aprovechar o tomar ventaja en este escenario, sin embargo, no es algo que aplica a todo el sector privado. Se refiere a aquel segmento que no tiene que competir con importaciones o que soporta el mismo las importaciones: salud, tecnología, comercio, distribución e inclusive alimentos
El régimen consiente de que, en la economía venezolana más de 65 % de las transacciones se realizan en dólares, lanza un paquete de medidas económicas que buscan incentivar el uso del bolívar y mejorar la recaudación tributaria. La primera medida es la reducción del encaje legal que pasa del 85% al 75% para expandir la base crediticia y, con ello, autoriza a la banca pública y privada para utilizar hasta el 10% de sus depósitos en divisas para dar créditos en bolívares indexados a la tasa oficial que publica el BCV. Esta primera medida incluye la creación de fondos de financiamiento de capital semilla, flexibilización en la apertura de cuentas y la emisión de valores para financiamiento de emprendedores.
La segunda medida es la reforma a la Ley de Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que contempla una tasa del 0% al 2% para las transacciones en bolívares; una cuota entre el 2% al 8% para la compraventa dentro del sistema bancario en divisas o criptomonedas no emitidas por el BCV y entre el 2% al 20% para transacciones que no pasen por las instituciones financieras. Se espera por la providencia del SENIAT, para precisar las implicaciones operativas de esta última decisión.
Lo concreto es que la liberación del encaje legal tampoco representa un monto significativo para la recuperación económica, en conjunto la liberación, la creación de fondos y la emisión de valores, puede representar un poco más de 200 millones de dólares. Para una economía en caída abrupta esta cantidad puede ser insuficiente, por la debilidad del sistema bancario y la estructura actual del aparato productivo, donde la informalidad reina. En definitiva, el IGTF renovado es un freno al desarrollo económico y se configura en un nuevo obstáculo a la iniciativa individual y al desenvolvimiento del sector productivo, especialmente para la pequeña y mediana empresa. En este momento de una leve recuperación de la economía, es errado colocar un impuesto con esas magnitudes de alícuotas.
Reformas que atacan a las transacciones y en definitiva es el bolsillo del consumidor quien las financiará. Tanto el costo de capital de la expansión crediticia y la alícuota del impuesto serán trasladado a la estructura de costos de las empresas. La informalidad será mayor en virtud que las operaciones se realizaran entre privados, eludiendo el costo del sistema financiero formal. Los créditos con toda seguridad como en el pasado, serán terrenos fecundos para el matraqueo, favoreciendo a sectores con una nula generación de empleo. En conclusión, reformas para mantener las burbujas de confort y lujo de unos pocos en detrimento de la mayoría, quienes deberán financiarlas. Evidencias de las bacanales inundan las retinas de los venezolanos todos los días, situación que no cambiara.
@germanrodri
@germanoveja