Por:Germán Rodríguez Bustamante…
El presupuesto es el documento financiero del Estado, que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones (gastos) que, como máximo, pueden reconocer y los derechos (ingresos) que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, la obligación del ejecutivo de la presentación ante la asamblea nacional de un marco plurianual del presupuesto, en el cual se expongan el conjunto de reglas macrofiscales, que sirvan de premisas para la formulación de los presupuestos anuales; en conclusión con una visión de mediano plazo se elaboran los presupuestos anuales, el propósito es realizar estudios de solvencia y sostenibilidad para verificar, sí la gestión fiscal, como expresión del conjunto de acciones que conforman la política económica, puede ser sostenida en el tiempo.
El presupuesto 2016 aprobado por la anterior asamblea esta fuera de cualquier consideración mínima, comoherramienta de control de gestión, no hay elementos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado, colocando en riesgo su capacidad de pago, hecho que puede motivar al gobierno a endeudarse de forma desmedida afectando la sostenibilidad de las políticas.
En todo caso la formulación presupuestaria estará atada al plan operativo anual, en el cual se expresan los deseos parametrizados en acciones concretas a desarrollar por la estructura, de acuerdo al grado de desagregación del poder público. La determinación de las premisas obedece a un proceso reflexivo, partiendo de la evaluación de los comportamientos históricos de las mismas, así como, la revisión de la métrica en el momento de elaborar el presupuesto, en consecuencia de acuerdo a esa apreciación se determina su comportamiento futuro, dicha estimación será la guía para la formulación presupuestaria.
En este contexto el presupuesto 2016 fue elaborado con premisas alejadas de su comportamiento en el año y sin estimar el crecimiento o caída de la actividad económica, por lo tanto las premisas estimadas son imposibles de alcanzar, y en conclusión son variables para un presupuesto ilusorio. No es suficiente el deseo de promover el crecimiento y acometer importantes proyectos de inversión orientados a mejorar el bienestar de la población, si esto no se expresa en planes operativos con metas creíbles y de procesos de evaluaciones continuas para corregir desviaciones, incorporando un mecanismo dinámico de retroalimentación de causa efecto.
Lamentablemente en Venezuela en estos años últimos años de revolución, la formulación presupuestaria se ha convertido en una formalidad legal y política; legal ya que se elabora para cumplir con los requisito establecido en normas legales y de aprobación en la asamblea nacional, perdiendo está su competencia de control financiero delegada por la sociedad; de carácter político por el efecto distributivo del presupuesto de acuerdo a la instancias de poder, el cual debe garantizar la equidad y la justicia en la asignación de los recursos, lastimosamente la realidad está bien lejos de esta aspiración.
Estimados diputados la reformulación del presupuesto 2016 es una necesidad inaplazable, el gobierno pretende gestionar financieramente por emergencia y con la figura de créditos adicionales, desarticulando la vinculación entre los planes operativos y la ejecución financiera, con lo cual elimina cualquier posibilidad de evaluación de la gestión pública. De cualquier modo, la importancia del presupuesto siempre radica en realizar una proyección seria y fundada sobre los movimientos económicos, monetarios y financieros que caracterizarán a la nación.
Precios del barril petrolero a 40 $, tasa de cambio 6.30 Bs/$, inflación 60 %; son variables absolutamente ridículas que desnudan la inutilidad del presupuesto 2016, la comisión de finanzas de la Asamblea en conjunto con la ONAPRE deben realizar un ejercicio presupuestario, con variables más cercanas a la realidad, sensibilizadas por posibles alteraciones, incorporando todos y absolutamente todos los compromisos financieros del año; en consecuencia contar con una proyección probable, viable y financieramente aceptable, evaluación que debe realizarse antes de cualquier aprobación de poderes especiales derivados de una emergencia económica.
La AN no puede perder su competencia de fiscalizar la gestión del ejecutivo, cada tópico en el marco de la emergencia tendrá una ley especial y un conjunto de acciones coordinadas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, informando debidamente a los ciudadanos sobre los impactos sociales de las medidas. Todos los venezolanos esperamos acciones contundentes en contra de los funcionarios y ciudadanos que saquearon al país, basta de tanta impunidad, unos pocos cebados con la corrupción y la gran mayoría castigados con medidas restrictivas, coercitivas y punitivas condenados a asumir la carga de la emergencia económica.
ULA – FACES
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