El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) entrevistó sobre este tema a Keta Stephany, profesora titular de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).
Hace tres años, Stephany detalló en su investigación Las universidades venezolanas en tiempos de oscurantismo (2019) las distintas violaciones contra la autonomía universitaria y los derechos de los universitarios que cometió el gobierno de expresidente Hugo Chávez y que ha cometido el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
“Las propuestas de ajuste salarial que ha entregado Fapuv a las autoridades ministeriales se han hecho con apego a la Constitución, los acuerdos federativos (Normas de Homologación) y las actas-convenio institucionales. Desde 2004, la respuesta ha sido el decreto unilateral y a destiempo de ajustes insuficientes”, señala Stephany (2019: 89).
Aunque el régimen nacional anunció ayer 12 de agosto el retiro de la humillante medida de fraccionar el pago del bono vacacional y recreacional, convenida el 2 de agosto con la organización progobierno llamada Federación de Trabajadores y Trabajadoras Universitarios de Venezuela (FTUV), el monto del mismo es muy inferior al que deberían recibir los profesores y trabajadores universitarios. Esto es debido a la desmejora salarial que impone el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), creado en marzo de este año, el cual “viola acuerdos de las convenciones colectivas vigentes y disminuye los montos de las bonificaciones acordadas en ellos” (Cunto, 2022).
Desconocimiento de las normas de homologación e imposición de la convención colectiva
Las “Normas Sobre Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales de los Miembros del Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales”, publicadas en la Gaceta Oficial Nº 32.539 del 17 de agosto de 1982, fueron el resultado de un proceso de consultas y de negociación entre las universidades nacionales y el entonces ministro de Educación. De este proceso devino un acuerdo federativo alcanzado en el seno del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
El artículo 13 de las Normas de Homologación establece que cada dos años deben revisarse y discutirse las tablas de sueldos y los beneficios adicionales de los profesores universitarios, a fin de garantizar que los mismos cubran el costo de vida, cuyo índice promedio nacional debe ser calculado y publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). En estas discusiones deben participar el gobierno y la Fapuv.
“Las normas de homologación eran discutidas cada dos años, y en 2005 dejaron de discutirse. El gobierno impone en 2013 la Primera Convención Colectiva del Sector Universitario (ICCU), sin la participación de Fapuv. Eso nos llevó al paro nacional universitario de 2013”, explica Stephany en la entrevista concedida al ODH-ULA.
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Creación de federaciones pro-gobierno y desconocimiento de gremios y sindicatos
El primero de mayo de 2015 se crea la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Universitarios de Venezuela (FTUV), una organización afín al régimen gubernamental que ha firmado acuerdos con este que trasgreden y violan los derechos laborales de los trabajadores que dice representar. Desde su creación, el régimen ha desconocido en reiteradas ocasiones a las demás asociaciones gremiales y sindicales, al no convocarlas a participar en las discusiones bienales de la convención colectiva.
Para el período 2017-2019, el régimen excluyó de la discusión de la convención colectiva no solo a Fapuv, sino a todas las federaciones mayoritarias de profesionales, empleados y obreros. “Estamos hablando de la exclusión de las 18 asociaciones de profesores de Fapuv, 14 sindicatos de la Federación de Trabajadores Administrativos de la Educación Superior en Venezuela (Fetraesuv), la Federación de Sindicatos Obreros de la Educación Superior en Venezuela, (Fenasoesv), los Sindicatos No Federados de obreros y la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales de Venezuela (Fenasipruv)”, precisa Stephany (2019: 95).
Además de desconocer a gremios y sindicatos, el régimen nacional no les ha transferido el dinero que les corresponde por concepto de retenciones que se descuentan de las nóminas del personal universitario, debido al ilegítimo traspaso de estas últimas al sistema patria, cometido en 2021. “Hay una estafa. El gobierno se está quedando con las retenciones que deberían ir a los sindicatos, a las cajas de ahorro, a los fondos de jubilaciones y a los Institutos de Previsión Social del Profesorado (IPP)”, dijo Stephany en su entrevista.
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Sueldos que no cubren la canasta alimentaria desde 2015
Desde hace siete años el sueldo mensual de un profesor universitario no cubre ni siquiera el costo de la canasta alimentaria, calculado por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), ya que el BCV dejó de publicar este indicador nacional. Para 2015-2016, el sueldo de los auxiliares docentes y de los dos primeros escalafones de los profesores universitarios (Instructor y Asistente) quedó por debajo del salario mínimo (Stephany, 2019: 93).
Ya en la novena discusión de las Normas de Homologación, para el período 2002-2003, el incremento salarial otorgado al sector universitario fue apenas del 20 %, ocho puntos por debajo de la inflación acumulada para período, que alcanzó el 28 %, según datos del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), Víctor Márquez.
En la discusión de la Tercera Convención Colectiva del Sector Universitario (III-CCU), para el período 2017-2019, solo participó la Ftuv. “Las tablas salariales aprobadas no cubrían la canasta alimentaria que, según el Cendas, para julio de 2017 fue de Bs. 1.443.634,25 mientras el sueldo mensual del profesor de mayor escalafón y mayor dedicación era de Bs. 717.591,87”, precisa Stephany (2019: 93).
Hasta marzo de este 2022, el sueldo de un profesor instructor no llegaba a 10 dólares mensuales. Con la implementación del instructivo Onapre, los sueldos universitarios aumentaron, llegando el máximo salario a ser el equivalente a 200 dólares, cifra que continúa siendo insuficiente incluso para cubrir apenas la canasta alimentaria, que para julio de este año costaba 392 dólares, según cálculos del el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). Además, dicho instructivo, que especifica criterios para aplicar incrementos salariales a los trabajadores del sector público, desconoce los acuerdos establecidos en las convenciones colectivas y reduce los salarios integrales universitarios entre 40 % y 60 %.
El artículo 91 de la Constitución nacional establece que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (…) El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal (…) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.
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Violación a la autonomía económica y financiera de las universidades en materia salarial
El numeral 4 del artículo 9 de la Ley de Universidades venezolana consagra la “autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio” de todas las universidades nacionales. En materia de sueldos y salarios, esta autonomía ha sido violada desde 2006, cuando el gobierno nacional excluyó de los presupuestos universitarios los recursos necesarios para el pago de ajustes salariales.
“El 18 de octubre de 2006, el gobierno decidió no incluir en los presupuestos universitarios de 2007 los recursos para el pago de recurrencia de los ajustes salariales 2004-2005. Estos recursos se asignarían a la cuenta centralizada CNU-OPSU, violentando el principio de autonomía financiera y económica de las universidades” (Márquez, 2013).
La violación más grave de la autonomía universitaria para el pago de sueldos y salarios de sus trabajadores, entendiendo que el empleador es la universidad y no el Estado, se cometió en marzo de 2021, cuando la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), controlada por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, anunció que el pago de nóminas de docentes y trabajadores de las universidades autónomas sería hecho a partir de entonces a través del sistema patria. Esta grave violación a la autonomía económica y financiera de las universidades no ha sido revertida.
Keta Stephany subraya que, con todas las violaciones de los derechos salariales, contractuales y sindicales hechas contra el sector universitario, el régimen nacional viola no solo la Constitución y leyes nacionales, sino el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el Convenio sobre la protección del salario y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Prensa ODH-ULA
13-8-2022
