Ciudad de Panamá.– Las recientes excarcelaciones de presos políticos y detenidos por motivos vinculados al ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela no deben interpretarse como una señal de que existen garantías para la libertad de expresión o para la participación democrática, así lo advirtió Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien alertó que estas medidas pueden incluso convertirse en un «factor de distracción» frente a problemas estructurales que permanecen intactos.
«Claro que nos alivia saber que no están en prisión. Pero esto no se puede confundir con entender que hay garantías», afirmó durante el foro «Espacio cívico, participación democrática y derechos humanos en Venezuela», realizado en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado lunes 22 de junio y donde TalCual está presente.
El encuentro reunió a Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); Sofía Macher y María Eloisa Quintero, integrantes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela; Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello; Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional; y Pedro Vaca, relator especial de la CIDH.
El relator consideró que la comunidad internacional debe evitar interpretar medidas puntuales como evidencia de cambios estructurales, especialmente cuando siguen vigentes normas y mecanismos que restringen derechos fundamentales.
A su juicio, la institucionalidad venezolana continúa sustentándose en un conjunto de instrumentos «absolutamente incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión y otros derechos humanos».
Vaca señaló que las liberaciones de detenidos son valiosas desde una perspectiva humanitaria, pero advirtió que pueden terminar desviando la atención de las condiciones que hicieron posibles esas detenciones.
En ese sentido, recordó que en Venezuela siguen existiendo personas detenidas por lo que piensan o expresan y que permanecen vigentes mecanismos de censura y control incompatibles con los estándares democráticos.
Ley contra el Odio
Entre esos instrumentos mencionó especialmente la Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Explicó que el sistema interamericano reconoce la obligación de los Estados de sancionar expresiones que inciten a la violencia contra grupos históricamente vulnerables. Sin embargo, aseguró que en Venezuela ese concepto fue distorsionado.
El relator recordó que, desde su aprobación, organismos internacionales alertaron sobre la ambigüedad de conceptos contenidos en la ley y sobre la desproporción de las penas previstas, que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión.
Además, señaló que durante los últimos años la normativa ha sido aplicada contra dirigentes políticos, activistas, periodistas y ciudadanos que expresaron opiniones críticas, generando un efecto que va más allá de los casos individuales.
«Esta es una ley que siembra miedo en las demás personas. Termina generando atmósferas de autocensura tremendamente poderosas», afirmó.
Para Pedro Vaca, cualquier señal de apertura democrática debe pasar por la eliminación de los instrumentos que restringen derechos fundamentales. Además de la Ley contra el Odio, mencionó los bloqueos digitales contra medios de comunicación y plataformas informativas, que calificó como decisiones arbitrarias y reversibles.
A su juicio, mientras estas herramientas permanezcan vigentes, seguirán funcionando como una amenaza latente contra periodistas, activistas y ciudadanos que quieran participar libremente en el debate público venezolano.
23-06-2026
