Por: Angélica Villamizar…
La realidad salarial en Venezuela ha alcanzado niveles de crueldad institucionalizada. Mientras el gobierno insiste en maquillar la crisis con bonos esporádicos, el salario mínimo se ha convertido en una cifra simbólica: un dólar al mes, según el tipo de cambio oficial. Esta es la base sobre la cual se calculan prestaciones, pensiones y beneficios laborales, reduciendo a los trabajadores, que incluyen a docentes y empleados universitarios, a la más absoluta precariedad.
Esta situación no solo es indigna, sino inconstitucional. La Carta Magna venezolana garantiza el derecho a un salario que permita vivir con dignidad, pero la realidad es que, tras años de congelamiento en 130 bolívares (equivalente a 30 dólares en 2022 y apenas 1 dólar hoy), los trabajadores sobreviven gracias a bonos que no se integran a sus derechos laborales.
En el caso de la Universidad de Los Andes, al igual que en otras casas de estudio, los docentes enfrentan un colapso salarial devastador. Un profesor titular que en 2022 percibía 110 dólares hoy sobrevive con 4 dólares mensuales, mientras que un instructor a tiempo completo ha visto su ingreso desplomarse de 57 a 2 dólares. ¿Cómo puede exigírsele excelencia académica a quien gana menos que el precio de un café?
El resultado de esta política es una diáspora masiva de talento. Las universidades públicas, otrora orgullo nacional, hoy sangran profesionales que buscan sustento en otros rubros o fuera del país. ¿Quién formará a las próximas generaciones si los salarios no permiten ni siquiera comer?
No se trata de caridad, sino de justicia. Exigir salarios dignos para los trabajadores de la Universidad de Los Andes y del sector público no es un reclamo gremial, sino una demanda de supervivencia nacional.
La educación, la investigación y el conocimiento son pilares de cualquier sociedad. Venezuela no puede permitirse seguir humillando a quienes sostienen sus universidades.
14-08-2025 (142-2025)
