Por: Angélica Villamizar…
Las miles de protestas en Mérida y el resto del país que se han hecho desde hace mucho tiempo, son el reflejo de una realidad que lleva años estancada en la administración pública venezolana, por la destrucción sistemática del salario y la consecuente Emergencia Compleja Humanitaria que enfrentan millones de hogares.
Da rabia y desesperación la necesidad, porque se percibe un sueldo equivalente a 0.30 dólares mensuales, resultado de un modelo perverso que ha vaciado de contenido el artículo 91 de la Constitución. Ese artículo, que promete un salario digno y suficiente para vivir, ha sido reemplazado en la práctica por una ficción estadística, un salario mínimo nominal de 130 bolívares (menos de 40 centavos de dólar al cambio oficial) que no alcanza ni para comprar un huevo.
El gobierno ha optado por una estrategia de «desalarización» que consiste en mantener un salario base irrisorio y complementarlo con bonos discrecionales, como el llamado «Bono de Guerra Económica» o el de alimentación. Con estos aditivos, el ingreso total de un trabajador público puede rondar, en el mejor de los casos, entre 50 y 180 dólares mensuales. Sin embargo, al ser bonos «no salariales», estos no generan prestaciones sociales, no calculan vacaciones ni inciden en las futuras pensiones. Es una trampa de cristal, el trabajador sobrevive el mes, pero su futuro laboral se evapora.
La indignación de los empleados públicos merideños cobra aún más fuerza cuando se contrasta ese ingreso con la realidad del plato de comida. La Canasta Alimentaria Familiar ronda actualmente los 500 dólares. La brecha es tan abismal que ya no hablamos de pobreza laboral, sino de una imposibilidad matemática de subsistencia.
En este contexto, el gobierno enfrenta un dilema de hierro; más de 5,5 millones de trabajadores dependen de una nómina pública que resulta fiscalmente insostenible si se pretende pagar salarios justos, pero cuya contracción o congelamiento profundiza la emergencia humanitaria. Mientras tanto, voces del sector privado, como Conindustria y Consecomercio, insisten en la necesidad de reformas legales, específicamente del artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, que permitan flexibilizar o repensar la estructura salarial.
Pero mientras se discuten reformas en las cámaras empresariales y se analizan números en los despachos, en las calles de Mérida, los trabajadores siguen exigiendo lo que les pertenece, un salario que no sea una limosna encubierta.
O el Estado venezolano restituye el salario como derecho humano, o seguirá empujando a su fuerza laboral más calificada hacia la informalidad o el éxodo.
¿Hasta cuándo los trabajadores tendrán que seguir en la calle para que le devuelvan lo que nunca debieron quitarle?
12-03-2026 (167-2026)
“Comunicación Continua no se hace responsable por las opiniones y conceptos emitidos por el articulista”
