La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el esquema durante un mensaje dirigido al país, en el que informó sobre los resultados de las conversaciones de una mesa en la que participan representantes del Ejecutivo, centrales sindicales y cámaras empresariales.
De acuerdo con lo anunciado, los trabajadores recibirán cuatro incrementos a lo largo del próximo año. Cada ajuste tendrá como referencia el crecimiento económico registrado en el trimestre anterior y no podrá ubicarse por debajo de ese resultado.
Para el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, la proposición anunciada por el Ejecutivo está condicionada al cumplimiento de varios compromisos. «Para entender la dimensión de los anuncios que ha hecho el Ejecutivo, hay que atender al mensaje completo y a todos los condicionantes que trae consigo», señaló.
Capozzolo explicó que el esquema está sujeto al crecimiento económico del país, medido a través del PIB, y a la aprobación de la Ley de Consensos Laborales y Sociales.
Señaló que Fedecámaras respalda el incremento de los ingresos acompañado de un proceso de «salarización continua», siempre que se cumplan las condiciones económicas y legales mencionadas.
Aclaró que el apoyo de la cúpula empresarial a las discusiones tripartitas está supeditado al cumplimiento de ambas premisas: «Si alguna de estas premisas, como el indicador de crecimiento o la Ley de Consensos Laborales o Sociales, no acompaña la propuesta, ya es otra propuesta distinta a la que se está conversando».
Al ser consultado sobre la relación de esta normativa con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), Capozzolo aclaró que se trata de una legislación distinta. Explicó que su objetivo sería reglamentar el hecho social del trabajo y permitir que quienes actualmente están al margen de los beneficios laborales puedan acceder a ingresos dignos y participar en un proceso de salarización.
«Porque si nosotros tenemos una nueva ley que, de alguna manera, presupone unos beneficios que realmente se pueden cumplir, que presupone la construcción de un ahorro prestacional que los trabajadores puedan ir construyendo poco a poco con el aporte también de las empresas; nosotros estamos acompañando todo ese proceso», afirmó el vocero. El mecanismo, según explicó, permitiría hacer un seguimiento constante del ahorro y transferir los fondos de manera continua.
El líder gremial también cuestionó los resultados de la legislación laboral vigente y contrastó sus promesas con los beneficios que reciben actualmente los trabajadores: «La verdad es que la ley actual que tenemos promete mucho, pero paga poco. Esa es la realidad. Promete mucho, pero no da nada. Y estamos comparando una ley, estamos comparando un horizonte en el 2027 en este momento contra nada, porque los trabajadores en este momento no tienen nada».
¿Ajustes salariales ligados al PIB protegerán el poder adquisitivo del venezolano?
La propuesta, sin embargo, genera cuestionamientos entre los economistas. José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), advirtió a través de la red social X que atar los aumentos salariales al PIB para 2027 no protegerá el poder adquisitivo real del venezolano.
Explicó que el PIB real mide la evolución de la actividad económica sin incorporar el aumento de los precios, por lo que no refleja el encarecimiento de los bienes y servicios que deben cubrir los hogares.
Guerra consideró que los salarios deberían ajustarse de acuerdo con la inflación y no con la producción trimestral para frenar el deterioro del ingreso. Cuestionó que el Ejecutivo hable de «ingresos» en lugar de referirse directamente al salario base.
Mientras, el economista Leonardo Vera se preguntó: «¿Cómo van a anunciar que los aumentos salariales de 2027 serán al menos mayores al crecimiento del PIB real? Eso es solo concebible si la inflación esperada es cero».
Salarios vs. PIB: los nudos críticos de la propuesta para 2027
Argumentos de empresarios, economistas y sindicalistas frente al nuevo esquema del Ejecutivo
«Ni los trabajadores ni los pensionados vamos a aguantar hasta el 2027 cuando la canasta alimentaria ya supera los 700 dólares. Lo que se hace a escondidas es porque no tiene un buen fin».
Carlos Salazar | Coalición Sindical Nacional
Fedecámaras condiciona su respaldo a la aprobación de una Ley de Consensos Laborales que viabilice un fondo de ahorro prestacional.
Advierten que atar el ajuste al PIB real no frena la pérdida del poder adquisitivo, ya que este indicador omite la inflación.
Rechazan la dilación hasta 2027 por la emergencia familiar y denuncian un intento inconstitucional por suprimir la Lottt.
Desde el movimiento sindical independiente, el planteamiento del Ejecutivo genera fuertes cuestionamientos. El coordinador de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar, calificó la hoja de ruta presentada por el gobierno como un anuncio «vago, politiquero y propagandístico».
Salazar sostuvo que la situación económica de los trabajadores y pensionados no permite esperar hasta 2027 para recibir mejoras en sus ingresos.
«Estamos viviendo una tragedia, no solo en servicios, sino democrática, política, civil, en lo laboral. Un trabajador no espera. Hoy en día nos enfermamos y buscar un médico es una tragedia familiar porque los hospitales públicos prácticamente funcionan como clínicas privadas donde hay que pagarlo absolutamente todo. Ni los trabajadores ni los pensionados vamos a aguantar hasta el 2027 cuando la canasta alimentaria ya supera los 700 dólares», sentenció.
Cuestionó además la viabilidad del plan al señalar la opacidad institucional que impera en el país. A su juicio, resulta imposible auditar aumentos ligados al PIB cuando el Estado no rinde cuentas sobre la producción petrolera, los ingresos tributarios del Seniat ni la recaudación de registros y notarías.
«No te dicen ni los porcentajes; es un discurso vacío. Es la misma técnica que usaron el pasado 30 de abril cuando prometieron un ‘salario responsable’ y terminamos recibiendo apenas 50 dólares en bonos y 10 dólares de pensión», denunció.
Sobre la representatividad de las mesas técnicas que evalúan la Ley de Consensos Laborales y Sociales junto con Fedecámaras, Salazar denunció que los convenios se están articulando en la clandestinidad y con organizaciones sindicales «hechas a la medida» de los intereses del Ejecutivo.
«Ellos siempre cocinan los acuerdos a espaldas de los trabajadores. A nosotros nunca nos han invitado. Esa supuesta mesa no representa un consenso de lado y lado; es una sola opinión alineada con la gestión de Delcy Rodríguez. Lo que se hace a escondidas es porque no tiene un buen fin ni dejará un buen resultado», expresó.
Al preguntarle si la Ley de Consensos Laborales podría sustituir la legislación vigente y eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales a cambio de bonos indexados, Salazar respondió: «Eso es lo que ellos quieren».
Para el dirigente, cualquier intento de desplazar el marco legal vigente para relajar los beneficios históricos de la masa obrera representa una vulneración a los derechos adquiridos.
«Eso es una ilegalidad absoluta. Todo lo que salga de allí es ilegal porque los artículos 89, 95 y 96 de la Constitución son inquebrantables. Para quebrar el patrimonio y el ahorro de los trabajadores tendría que convocarse un referendo aprobatorio, y en un referendo ellos pierden», aseguró.
El vocero también reclamó que las discusiones laborales tomen en cuenta el valor real del trabajo y las condiciones de remuneración de los empleados: «Si quieren una reunión seria con dirigentes serios, hablemos del valor de la hora de trabajo fijada y pagada directamente en dólares, porque aquí todo se transa en dólares. Lo que buscan con ese consenso laboral es actuar en detrimento de la clase trabajadora».
Presión de calle y exigencia inmediata
Ante la falta de respuestas, la Coalición Sindical Nacional anunció una agenda de protestas para exigir al Ejecutivo el anuncio de aguinaldos que permitan cubrir las necesidades de los trabajadores antes de finalizar el año.
Salazar informó que el movimiento sindical independiente realizará nuevos encuentros para organizar un ciclo de protestas civiles denominado «los trancazos nacionales», previsto para comenzar antes del 11 de noviembre. La convocatoria busca sumar a los sectores de salud y educación, a la sociedad civil y al movimiento estudiantil.
«Vamos rumbo al trancazo nacional, rumbo al paro escalonado y rumbo a la huelga nacional si no se produce en este mismo momento el anuncio de unos aguinaldos dignos, el reenganche de los miles de maestros y petroleros suspendidos por razones políticas, y el cese de la tutela militar en las industrias del Estado», advirtió el dirigente.
Salazar aseguró que las protestas continuarán pese al ambiente de persecución y amedrentamiento judicial que, según denunció, enfrentan los dirigentes sindicales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales.
«Llevaron a lo peor, al pico más bajo, el salario y la pensión. Si no hay respuestas en diciembre, a partir del 4 de enero las protestas comenzarán en todo el país, pero sin vuelta atrás», concluyó.
https://www.elnacional.com/2026/11/salarios-atados-pib-propuesta-2027-dudas-trabajadores/
06-11-2026
