Sanciones económicas y financieras

Por: Germán Rodríguez Bustamante…

Las sanciones económicas son un conjunto de penalizaciones comerciales y financieras aplicadas por uno o varios países, a un Estado, personas o grupo. En el caso venezolano las restricciones aplicadas desde agosto del 2.017 y la orden ejecutiva de enero del 2.019, han logrado limitar la capacidad de maniobra de la Tiranía, sin embargo, no han logrado derrocarla. Es innegable afirmar que algunas de ellas al restringir la movilidad del régimen, han impactado de forma negativa a la población.

Las sanciones se han convertido en una herramienta utilizada en estos tiempos, para atender desafíos geopolíticos como el terrorismo, narcotráfico y conflictos globales. Los gobiernos y los organismos multinacionales imponen sanciones económicas para tratar de perturbar las decisiones de los actores estatales y no estatales que amenazan sus intereses o violan las normas internacionales. Existen voces críticas que señalan que las sanciones en algunos casos están mal concebidas y rara vez tienen éxito en cambiar la conducta de una individualidad o grupo, mientras que los partidarios sostienen que se han vuelto más efectivas en los últimos años y siguen siendo una herramienta esencial de política exterior.  

Las sanciones aplicadas en Venezuela buscan obligar, disuadir, castigar o humillar a un grupo delictivo que se encuentra en el poder, que ponen en peligro intereses regionales y que violan las normas internacionales de proceder. Nuestro país en estos pavorosos años de revolución, se ha convertido en una amenaza por su conexión con el terrorismo internacional, el narcotráfico, el blanqueo de capitales, por su contaminación antidemocrática hemisférica y por la violación sistemática de los derechos humanos de la población.

El régimen intenta de forma desesperada endosar toda la carga por la desastrosa gestión de gobierno a las sanciones, lo cierto es que la tragedia vivida es consecuencia de un cumulo de errores cometidos antes de agosto del 2.017, que con la entrada de las restricciones se hicieron más evidentes. La crisis en los servicios públicos son producto de la corrupción insaciable, que dilapido los recursos presupuestarios y financieros asignados a las obras de mantenimiento y mejora de los sistemas.   

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro administra los programas de sanciones aplicados fundamentalmente a empresas e individualidades conectadas con el régimen. Existen otras instancias que han aplicado restricciones a los mismos actores como el Departamento de Estado, el de Comercio, Seguridad Nacional y Justicia. Es importante señalar que las sanciones no únicamente las aplicó y aplicá los Estados Unidos, también otros países del hemisferio y la Unión Europea las acompaña. Lo que es una muestra de la preocupación mundial, por el genocidio en desarrollo en Venezuela.

Las sanciones son una acción de menor costo y menor riesgo entre la diplomacia y la guerra. Los hacedores de políticas pueden considerar las sanciones como una respuesta a las crisis extranjeras, en las cuales el interés nacional es menos que vital o donde la acción militar no es factible. Ese es el caso específico de Venezuela, a pesar que se mantiene en el relato de que todas las acciones están sobre la mesa, la intervención será una acción terminal, en el supuesto que la Tiranía se pase de los límites tolerables por la comunidad internacional.

Sanciones, restricciones y cerco a la elite gobernante se mantendrán y se profundizarán, hasta lograr la derrota de esté infame régimen. Las burbujas de confort y lujo en las cuales viven los familiares de los tiranos, tanto en el exterior como internamente deben ser punzadas. Es totalmente injusto y obsceno que mantengan privilegios mientras la gran mayoría de los venezolanos estamos en condiciones de exterminio selectivo. Y la diáspora sometida a condiciones de xenofobia inaceptable.

Es necesario que la comunidad internacional y la oposición organizada internamente ponderen y evalúen continuamente las sanciones impuestas, y las que se deriven en el futuro, para mitigar los impactos sobre el tejido social refugiado en el país. Profundizar las sanciones a las individualidades y sus familiares será una herramienta que los persuada y obligue para una salida acordada de esta tragedia.       

Recientemente el diario estadounidense de The New York Times publicó un artículo, en el cual hace referencia a un aparente auge de la economía venezolana. Fundamentalmente en la mencionada publicación los periodistas Anatoly Kurmaneavy Isayen Herrera, realizaron una investigación de campo en Caracas y lograron verificar que, a pesar de las sanciones, hay una elite muy pequeña que tiene acceso a dólares y burbujas de confort obscenas.

Esto no puede mantenerse, ampollas de riqueza y comodidades para una minúscula elite y la mayoría de los venezolanos condenados a muerte, las sanciones deben acabar con esas extravagancias, que pareciera mostrar una Venezuela de fantasía, negada para la gran mayoría. La elite gobernante, los contratistas y sus familiares deben padecer lo mismo que vive el pueblo. No puede haber espacios, reductos ni áreas protegidas de las inclemencias sociales y económicas, la incomodidad debe ser para todos. Así como todos debemos ser receptores del progreso y prosperidad de un nuevo gobierno, en el cual el Estado exista.    

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