Por: German Rodriguez Bustamante…
En los últimos días en toda Venezuela se vienen desarrollando protestas, marchas y entregas de documentos ante instancias gubernamentales, exigiendo mejoras inmediatas en las condiciones laborales. Derivado de la crisis humanitaria compleja que transita Venezuela desde el 2.013, agravada en los últimos años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se instaló en el país en el 2.022, con la finalidad de fomentar el diálogo social tripartito, buscando establecer salarios justos, mejorar condiciones laborales y la libertad sindical. Su asistencia técnica es fundamental para abordar la desalarización, la informalidad y adecuar la legislación a estándares internacionales, impulsando el trabajo decente en un contexto de crisis económica. A pesar de haberse instalado tres mesas para la fijación del salario mínimo, la libertad sindical y el cese de la persecución a dirigentes, los avances han sido muy pocos.
El convenio 26 de la OIT es un instrumento internacional, que obliga a los Estados miembros a crear o mantener métodos para fijar salarios mínimos en industrias o comercios sin negociación colectiva efectiva, especialmente donde los salarios son excepcionalmente bajos. Realidad que existe en Venezuela, por ello la fijación de un salario mínimo es impostergable dada la realidad económica y social de la masa trabajadora. La negación de libertades en materia sindical son evidencias concretas de la poca voluntad del régimen en el poder, para cumplir lo que establece la constitución y los documentos emitidos por la mesa de diálogo social. La utilización de sindicados tarifados, subordinados y alineados políticamente con el poder, no puede ocultar las penurias y vicisitudes que padecen los trabajadores y pensionados. Los hechos ocurridos a inicios de año obligan al ejecutivo a cumplir con algunas exigencias de la tutela, la liberación de sindicalistas algunas de ellas condicionadas y la realidad social renueva la fuerza de los sindicatos formales, para exigir con vehemencia la mejora inmediata de la política salarial.
Lamentablemente las libertades no han sido restituidas, los reclamos son acompañados por acciones paralelas de afectos al régimen integrantes de las nóminas paralelas, a quienes poco le interesa las realidades sociales, defiende la migaja recibida sin trabajar. Un escenario complicado para la OIT, el apoyo técnico para corregir la vulneración de derechos, incluyendo la fijación de un salario mínimo justo y la protección de la libertad sindical, cae en saco roto para una estructura diseñada para violar garantias. En junio de 2.026, los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores de los 187 estados miembros de la OIT, se reunirán en la conferencia internacional del trabajo para debatir sobre temas del mundo del trabajo, tales como el trabajo decente en la economía de plataformas, el programa transformador para lograr igualdad de género en el trabajo y el diálogo social y el tripartismo. Delcy poco podrá mostrar como éxito de la política salarial, y mucho menos de la mediación de la OIT.
La resiliencia de la clase trabajadora venezolana se agota por más esfuerzo que haga para mantener la esperanza. Su capacidad para avanzar a pesar de la amenaza, para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas, en el marco de los riesgos existentes, se va diluyendo como el poder de compra del salario que reciben. La crisis económica y la falta de recursos no son argumentos para no ofrecer condiciones laborales justas y decentes. En un modelo político donde la opacidad y la corrupción es la directriz de la gestión pública, no son los trabajadores los responsables de la crisis presente, no existe información transparente, creíble y verificable sobre las disponibilidades financieras del régimen en el poder. Desde el 2.022 la OIT está presente en Venezuela, sus recomendaciones debieron ser atendidas, cuantificadas y agendadas para resolverlas gradualmente, ahora la clase trabajadora se encuentra en un callejón sin salida, producto de la negligencia e indolencia de quienes deben garantizar derechos.
A pesar de los esfuerzos de la OIT, mostrados en informes de estos años de gestión, su intervención no ha logrado resultados sustantivos en temas críticos como el estancamiento salarial y la bonificación excesiva del ingreso, que afecta el cálculo de beneficios sociales. Para el 2.026 la situación muestra una alta complejidad marcada por la vigilancia internacional de derechos laborales, una crisis humanitaria persistente y proyecciones económicas divergentes, matizadas por los eventos del 03 de enero. En este escenario la lucha de la clase trabajadora debe mantener su intensidad, es el momento para presionar, y que los beneficios económicos y financieros de la tutela lleguen a los bolsillos de los trabajadores. Los sacrificios de existir, deben ser balanceados, mucho tiempo ha pasado, la carga no puede seguir sobre los hombros de los trabajadores formales, es decir, quienes efectivamente trabajan o ya dedicaron parte de su vida en trabajar.
No es responsabilidad de los trabajadores asumir compromisos de la tutela, ni el peso de la malversación de fondos públicos. Rindan cuentas ante la sociedad, los trabajadores exigen información transparente y verificable sobre las verdaderas cifras macroeconómicas, de los procesos por hechos de corrupción y los ingresos públicos. El SENIAT no puede ser una ente que los únicos que se enriquecen son los funcionarios de turno, en detrimento de todo el país.
@germanrodri
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30-03-2026
