Por: Angélica Villamizar…
Los derechos humanos son un conjunto de normas incluidas en la constitución y en las leyes, y que están orientadas a asegurar al ser humano su dignidad como persona y su desarrollo pleno, en su dimensión individual, social, material y espiritual.
Promover la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un delito, exigir la satisfacción de las necesidades básicas también lo es. Hay una indefensión de la ciudadanía por parte de las instituciones del Estado que deben ser los garantes de los derechos. Las personas que luchan todos los días para que no sean vulnerados los derechos fundamentales, son castigadas por hacerlo, por denunciar a quienes abusan del poder y vulneran los derechos de los ciudadanos.
Cuando los ciudadanos que se organizan para documentar y denunciar las violaciones de los derechos, son descalificados y en algunos casos perseguidos y hasta pueden perder su libertad.
En Venezuela las violaciones de los derechos, sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la población, se ven reflejadas en la grave crisis que hay en la prestación de los servicios públicos. No se garantiza un sistema de salud eficiente, y lo vemos a diario en los centros de salud, donde las personas que no cuentan con recursos económicos para costearse tratamientos, empeora su salud hasta llegar, en el peor de los casos, a perder la vida.
El deficiente acceso al agua potable, a electricidad, transporte público, educación, pésimo acceso a internet, son factores que afectan seriamente la calidad de vida de la población.
Por tanto, se requiere urgentemente la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que permitan el cumplimiento de principios como universalidad, igualdad y no discriminación; acceso a mecanismos de garantía; acceso y producción de información; participación social; así como principios específicos tales como: obligaciones inmediatas y progresivas; protección especial y prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad; niveles mínimos de derechos; obligación de no regresividad; obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles.
Estas políticas garantizan entonces a gozar de una vida digna, que los ciudadanos vivan en paz y donde se respete además el libre pensamiento.
Es perentorio exigir al Estado que se acabe la impunidad, que garantice la justicia social y la eficiente prestación de los servicios públicos que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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15-07-2021 (51)
