Los calabozos policiales del país albergan casi el doble de reclusos de su capacidad instalada, según el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) -presentado este jueves-, que para el cierre de 2023 computó 17.481 hombres detenidos en estos centros de reclusión preventiva, que cuentan con 9.234 cupos.
La coordinadora de investigación de la ONG, Magally Huggins, presentó el informe en una conferencia virtual, en la que aseguró que los calabozos se convirtieron «en las nuevas cárceles del siglo XXI, en las cuales el debido proceso no existe», pues los reclusos pasan más de 48 horas en estos sitios y algunos permanecen allí hasta tres años, en una «clara violación al debido proceso».
Según UVL, que documentó la situación de 282 centros en el primer semestre del año y de 293 en el segundo, 479 de estos privados de libertad se encuentran ya sentenciados y cumplen sus condenas en estos sitios, en los que, por ley, solo se deben mantener detenidos de forma preventiva.
En cuanto a la población femenina, explicó que hay 2.028 presas en estos sitios que tienen una capacidad instalada para atender a 213 mujeres.
La ONG indicó que, a pesar de las acciones del Ejecutivo para corregir el retardo procesal y reducir el tamaño de la población carcelaria, no se ha solucionado el hacinamiento en los calabozos.
Tras exponer los datos, UVL exigió al Estado que «deje de incumplir deberes para con las personas detenidas en los centros de detención preventiva, y comience a convocar expertos en políticas públicas para diseñar un plan operativo» que permita el cumplimiento del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
Boletín Ventana de la Libertad
