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lunes, noviembre 16, 2026

Seguridad ciudadana y Derecho penal: una reflexión ineludible

Por: Francisco Ferreira de Abreu…

El título que anima estas líneas invita a pensar en una relación armónica entre Seguridad ciudadana y Derecho penal, en virtud de lo cual, este último tendría por objetivo garantizar la primera. De allí que, tal y como afirman algunos, la seguridad ciudadana requiere de un Derecho penal fuerte que proteja a la ciudadanía de manera eficiente y de jueces que apliquen la Ley con miras a “combatir” la criminalidad y evitar la impunidad.

Ahora bien, una primera aproximación al concepto de Derecho penal indica que su relación con la Seguridad ciudadana se desarrolla en una permanente tensión entre Estado Policial y Estado de Derecho. Aún más, entre la necesidad estatal-policial de prevenir delitos y la obligación judicial de proteger las libertades ciudadanas: Garantías vs. Prevención. Se trata, por tanto, de una relación de conflicto que nos remite a la frase acuñada a principios de siglo pasado por el penalista alemán Franz von Liszt: “… El Derecho penal es la infranqueable barrera de la Política criminal…”. Es decir, que todo programa político-criminal de un Estado, en su tarea de prevención del delito, ha de respetar los límites establecidos desde la ciencia del Derecho penal, expresados en las normas en las cuales se establecen las garantías penales y procesales que integran una importante garantía constitucional: el debido proceso.

Así las cosas, esta precisión es de suma relevancia pues el ciudadano podrá advertir que la tensión entre Seguridad ciudadana y Derecho penal se explica por la necesidad de limitar el Poder Punitivo del Estado (Ius puniendi), a los fines de proteger a todos las personas que eventualmente pudieran verse afectadas en sus libertades por el ejercicio de tal Poder. Bien, porque es éste quien define lo que es delito, así como por el hecho de que, en no pocas veces, se concreta al margen del Estado de Libertades a través del Estado Policial.

De igual forma es importante porque pudiera acercar a la ciudadanía a la aprehensión de un límite crucial en la democracia, en tanto su legitimidad no la determina las elecciones, los votos y el principio de las mayorías. La legitimidad de una democracia, por el contrario, se halla en el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, incluso, de aquéllos que son objeto de persecución penal.

Expresado de otro modo, se encuentra en los medios antes que en los fines, por lo que si bien resulta imperioso que el Estado disponga de una política criminal para contener la criminalidad, mucho más necesario es el establecimiento de límites a dicha facultad estatal. En términos democráticos y constitucionales, el deber ciudadano habría de descansar en el ideal deontológico consistente en que los fines no justifican cualquier medio y, por consiguiente, en que la criminalización y persecución del delito no ha de realizarse de cualquier manera.

Es en este contexto donde la relación entre Seguridad ciudadana –que además de ser un deber institucional del Estado ha dado lugar a la creación de una Universidad (Nacional Experimental de la Seguridad)- y Derecho penal, debe ser mirada con mayor racionalidad por la ciudadanía. Tanto por lo antedicho, como por una ineludible ecuación: a mayor poder punitivo y policial del Estado, menos libertades ciudadanas. Es acá donde surge el mayor reto ciudadano, en la idea de exigirle y conminar al gobierno a la concreción de una política de Estado coherente con la Carta de Derechos y Garantías expresada en la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los conceptos básicos del Derecho penal.

Como mínimo, para exigirle al gobierno el abandono del abordaje político de la criminalidad, tanto en el punitivismo simbólico y populista de las reformas penales para dar apariencia de que se “combate” la criminalidad, como en lo atinente a la descontextualización y ocultamiento del fenómeno criminal, todo ello pensado en los votos que pudieran ganar o perder. En primer lugar, promoviendo un legislador penal más sensato y menos punitivo; en segundo lugar, despolitizando al Ministerio Público y el Poder Judicial en orden a las necesidades político-gubernamentales de “combatir” la criminalidad, dado que los Fiscales del Ministerio Público tienen el rol de garantes de la legalidad de la actuación policial en la investigación penal, mientras que los Jueces Penales tienen el deber de velar por el acatamiento del debido proceso como requisito previo del concepto de Justicia; en tercer lugar, adecentando el sistema penitenciario en cuanto a las condiciones mínimas de vida y salud, de la mano de una política penitenciaria y post penitenciaria que evite la de-socialización de los reclusos y conciba el uso de la cárcel sólo para los delitos más graves; y, en cuarto lugar, evitando que la justicia penal se utilice en la persecución de quienes disienten del gobierno.

Unas exigencias, valga la expresión, que también han de formularle a quienes se oponen al gobierno politizando el tema de la criminalidad y, lo que resulta más grave aún, promoviendo una política criminal que a fin de cuentas favorece el punitivismo de quien detenta el Poder Político y pretende conservarlo a toda costa, inclusive, mediante el uso del Ius puniendi. Antes bien, en lugar de pedir más penas y cárcel, la oposición y la ciudadanía habrían de insistir en los requerimientos descritos en el párrafo anterior. También deberían resaltar la moralidad de quienes se dicen socialistas y progresistas, pero recurren a su ilimitado Poder Punitivo y Policial antes de acudir a la mejor política criminal que ha de desarrollar un Estado de Libertades: la de la inclusión social.

Finalmente, de no tener claro lo anterior, en atención la pretendida armonía entre Seguridad ciudadana y Derecho penal eficiente, podríamos terminar atrapados y en un callejón sin salida: entre la violencia del delito y la violencia del populismo punitivo de un Estado Policial.

abreuferreir@gmail.com
@abreuferreir

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