Por: Angélica Villamizar…
Las venideras elecciones parlamentarias en Venezuela están llenas de irregularidades; comenzando con la asignación inconstitucional de los rectores del Consejo Nacional Electoral, pasando por un sistema automatizado que aun no ha sido auditado correctamente, además de la no legitimación del proceso y otras tantas. Aunado a ello, el adelanto de una campaña electoral cuando el cronograma establece que será el 21 de noviembre y la utilización de los bienes y recursos del Estado en favor de los candidatos del oficialismo.
Si bien es cierto el artículo 71 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales define por campaña electoral, las actividades desarrolladas por los candidatos que tengan como propósito captar, estimular o persuadir al electorado para que vote a favor, sin embargo, esta ley también establece lapsos para realizar esta actividad pero que no han sido respetados, cuando algunos ya han ido a las comunidades entregando beneficios sociales con recursos que son del Estado.
A pesar de todo este panorama, el pasado domingo se realizó el simulacro de votación, que contó con una participación en Mérida de 6600 personas aproximadamente, en 24 centros de votación, es decir, el 5% del padrón electoral según fuentes oficiales y además las autoridades del CNE están pensando en la organización de un segundo simulacro ya que en el primero aún permanecían en cola pasada las 7 pm.
Los aspectos más importantes medidos en este simulacro fue la movilización de sus militantes y que las baterías integradas a las maquinas de votación que permiten independencia eléctrica funcionaran correctamente para posteriormente decir que tienen autonomía en el servicio y no quedar mal ante la gente.
Días antes del simulacro los jefes de calle, que son las personas que integran el Comité Local de Abastecimiento y Producción, y que tienen a su cargo la responsabilidad de ser los líderes comunitarios, fueron instruidos para ir hasta las comunidades y llevar a los centros de votación a las personas, posiblemente bajo coacción, para que no les quiten los programas sociales de los que han sido beneficiarios durante la gestión del actual gobierno. Trabajadores del sector público también se vieron instigados a asistir al simulacro bajo presión, con esto se observa también el uso indebido de algunas instituciones del Estado.
Fue evidente la utilización de los autobuses Yutong para el traslado de candidatos a distintos lugares para reuniones en comunidades, lo que viola la Ley Contra la Corrupción, que prohíbe el uso de los recursos del patrimonio público en favor o en contra de una parcialidad política, específicamente su artículo 16 que establece que “los vehículos pertenecientes al sector público sólo podrán utilizarse para la realización de labores o prestación de servicios estrictamente inherentes a las funciones y actividades propias del órgano o ente público al que estén asignados”.
Es preciso que los actores políticos, sea cual sea su tendencia e ideología se rijan bajo un código de conducta, a fin de que se imponga un equilibrio en cualquier contienda, donde los ciudadanos a su vez sean quienes supervisen o controlen los posibles abusos que cometan los candidatos, y así evitar que se siga propagando la corrupción política, desconfianza en el sistema y su posterior deslegitimación.
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29-10-2020 (16)
