Por: Angélica Villamizar…
Al comienzo de esta semana se conmemoró el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información Pública, una fecha que nos recuerda que la información en manos del Estado pertenece a la ciudadanía. Habitualmente, este derecho se aborda desde la perspectiva del periodismo de investigación o la rendición de cuentas sobre la gestión presupuestaria, sin embargo, existe otro ámbito crucial golpeado por la opacidad, el sector científico y académico, donde los investigadores enfrentamos una constante falta de cifras e información oficial que sirvan de sustento empírico para nuestras investigaciones.
En un sistema verdaderamente democrático, el acceso a la información trasciende su función de freno contra la corrupción o la arbitrariedad gubernamental; es un insumo indispensable para la construcción del conocimiento. Las decisiones legislativas y las políticas públicas no pueden surgir de la intuición ni de la propaganda del dato conveniente, sino que deben fundarse en la evidencia. Alcanzar ese estándar solo es posible cuando la comunidad académica cuenta con datos reales, verificables y actualizados.
No obstante, mientras el análisis de big data y la analítica cuantitativa revolucionan el diseño de políticas públicas a nivel global, las universidades y centros de investigación en Venezuela chocan a diario contra un muro de opacidad institucional. Esta barrera se evidencia en la práctica cotidiana, estadísticas epidemiológicas eliminadas, registros demográficos desactualizados, presupuestos distorsionados e indicadores clave de soberanía alimentaria o energética sometidos a un estricto secretismo.
Ante este panorama, las preguntas son ineludibles, ¿cómo evaluar la efectividad de los programas sociales sin datos de acceso libre? ¿Cómo diagnosticar los impactos del cambio climático o la gestión hídrica sin series de tiempo ambientales sistemáticas?, o ¿cómo proponer reformas legales, jurídicas y económicas eficientes si las instituciones públicas ocultan sus memorias y cuentas así como las cifras macroeconómicas?
Cuando el Estado se niega a publicar su data, las consecuencias son severas. Por un lado, se obliga a los investigadores a depender de estimaciones e indicadores sesgados, mermando la competitividad de la producción académica nacional frente al escenario internacional. Por otro, el debate público se degrada al carecer de un consenso sobre la realidad objetiva, impidiendo diagnosticar con precisión vulnerabilidades estructurales en áreas críticas como salud, educación y nutrición.
Frente a esta realidad, garantizar la transparencia no puede limitarse a responder solicitudes formales tras trámites burocráticos engorrosos. Se requiere una transición decidida hacia políticas de Datos Abiertos (Open Data) a través de portales digitales que difundan la información de forma proactiva, estructurada, gratuita y en formatos procesables.
Exigir el acceso a la información pública es defender la libertad académica y el derecho de la sociedad a comprenderse a sí misma. Sin instituciones transparentes que abran sus archivos y registros a la ciencia, la democracia pierde su capacidad de autoevaluarse, corregirse y avanzar.
01-10-2026 (187-2026)
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