Por: Jesús Elorza…
A raíz de la designación de dos Generales de División, por parte del régimen para integrar al Tribunal Supremo de Justicia, los comentarios entre los milicianos de las diferentes brigadas comunales no se hicieron esperar. Algunos se preguntaban, sobre cuáles serían los argumentos para incorporar militares al máximo tribunal si ya ese sector tiene su propia justicia y su Corte Marcial. Eso es incongruente y anticonstitucional, pensaban otros milicianos.
-Camaradas, dijo uno de la UBCH, yo me pregunto si esos recién nombrados tienen títulos de abogados, de no ser así, esa designación tendrá una justificación política mas no jurídica.
– Quiero expresar, que durante mucho tiempo me ha llamado la atención, la deriva militarista de nuestro gobierno. El camarada presidente, siempre ha manifestado una preferencia por los representantes de las Fuerzas Armadas dejando de lado a los civiles que formamos parte activa de las organizaciones revolucionarias, señaló enfáticamente un representante del Partido Comunista. Esto es una nueva versión del pensamiento marxista que pretende establecer que “De cada uno según su capacidad, a cada uno según su rango”
-Un estudiante de la comuna universitaria intervino para manifestar sus inquietudes con respecto al tema. Déjenme leerles un párrafo de un escrito hecho por un profesor de Derecho Constitucional de la UCV que por casualidad llegó a mis manos:
…El creciente papel de los militares en la economía, justicia y política venezolana ha ido a contracorriente de los objetivos de un mayor control democrático sobre los sectores de seguridad y defensa. Su creciente participación política y partidista –que incluye su desempeño como represores de protestas sociales y sus labores en el sector de inteligencia– y sus actividades empresariales han potenciado el auge del militarismo. El resultado es la desinstitucionalización, la desprofesionalización y la desconfianza social respecto de las Fuerzas Armadas y la constitución de una suerte de “socialismo militar” …
El joven estudiante tiene toda la razón, declaraban la mayoría de las personas que sentían en carne propia que la consigna chavista de la relación cívico-militar para gobernar el país devino en una gobernabilidad abiertamente autoritaria, que le otorgó al sector militar un papel central en la economía y la política. A partir de 1999, se avanzó paulatinamente en una militarización de la sociedad. En su primera etapa, el énfasis estuvo puesto en la identificación de la Fuerza Armada como «bolivariana». En 2007, después de su reelección, Chávez privilegió la revolución «socialista» y el papel militar en su defensa. Se introdujo el lema «Patria, socialismo o muerte. Venceremos», que vulnera el artículo 328 de la vigente Constitución de 1999, que señala que la Fuerza Armada es una institución profesional y sin militancia política. El 22 de julio de 2008, por decreto, se promulgó la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta norma, que fue reformada varias veces por decretos presidenciales, conllevó transformaciones no solamente en la estructura e institucionalidad, sino también en la doctrina militar. Fue en este momento cuando se incorporó el término «bolivariana», por entenderse que la Fuerza Armada pasaba a ser representante del proyecto político de una parte del país. Adicionalmente, se la definió como un cuerpo “patriótico, popular y antiimperialista”. Esa misma ley fue la que incorporó a la Milicia Nacional Bolivariana, definida en ese momento como un complemento de la Fuerza Armada. Esta milicia dependería directamente del presidente de la República y su actuación incluiría el mantenimiento del orden interno.
-No dejen por fuera la creación del el Comando Estratégico Operacional de la Fanb, presidido por el presidente de la República, señaló un militar jubilado, con lo cual el Ministerio para la Defensa quedaba reducido a funciones básicamente administrativas. Este cambio importante profundizaba así lo que se advertía desde hace varios años: el carácter pretoriano que se iba instaurando en el país y la cada vez más difusa separación entre las áreas de defensa y seguridad pública, en el marco de una creciente militarización de la sociedad.
-Según especialistas en historia de la Fuerza Armada Nacional venezolana, se ha documentado que desde 1999 a la fecha de hoy, más de 2.500 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, han desempeñado y/o ejercen cargos en la administración pública. Los uniformados están en gobernaciones, alcaldías, en los ministerios, en los viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y en embajadas. Adicionalmente, con la finalidad de restar poder a las autoridades civiles, el presidente Chávez creó las Zonas de Defensa Integral (zodi), así como las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (redi), bajo el mando de militares activos. Profundizando el control militar sobre los poderes descentralizados, el 22 de enero de 2018 el Comando de Abastecimiento Soberano emitió un decreto que prohibía a autoridades regionales y municipales llevar a cabo acciones relacionadas con el control y la distribución de alimentos.
-Los militares han desempeñado actividades en el sector económico, como por ejemplo el Plan Bolívar 2000 para la distribución de alimentos e inclusive la presidencia de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el control del sector eléctrico, el metro de Caracas, las empresas de aluminio, hierro y acero en el sur del país, así como los puertos y las aduanas. A partir de 2013, se conformaron cuatro empresas militares: el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (banfanb), un canal de televisión (tvfanb), emiltra para transporte de carga por aire, mar y tierra y la empresa agrícola agrofanb. En 2016, ante la creciente crisis económica, el proceso de control del sector castrense se expandió a áreas estratégicas, como la alimentación y los recursos extractivos.
-Frente a los graves problemas de escasez de alimentos y medicinas, así como de otros servicios básicos de salud y educación, el régimen decidió establecer en agosto de 2016 la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, bajo el mando del ministro para la Defensa, un militar activo. El 10 de febrero de 2016 se estableció la Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas (camimpeg), la cual firmó varios memorandos de entendimiento con Pdvsa. También se le otorgó un papel importante en el Arco Minero del Orinoco, que según el gobierno busca superar el «rentismo petrolero» y diversificar su actividad hacia la minería, entre otros, de oro, diamantes y coltán. Súmenle a todo esto las denuncias sobre narcotráfico, contrabando de gasolina y alimentos.
Todos los comentarios sobre la designación de militares en los sectores de la economía, justicia y política dejan en claro que, la militarización de los poderes solo es una expresión de un “Socialismo Militarista” o mejor dicho una “Dictadura Militar” al mejor estilo del régimen cubano.
13-08-2022
