La madre de Abraham Agostini declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de su hijo, el exinspector del Cicpc Óscar Pérez y el resto del grupo, así como el «entierro cruel» y la persecución que sufrieron las familias por parte de la administración de Nicolás Maduro, que obligaron al exilio forzado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró este miércoles 17 de junio una audiencia sobre el caso de Óscar Pérez, Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez, víctimas de ejecución extrajudicial en los hechos conocidos como la «masacre de El Junquito» en enero de 2018.
La madre de Óscar Pérez, quien iba a participar en la vista judicial vía virtual, no pudo presentarse debido a cuestiones de salud este mismo miércoles, según informó la secretaría de la Corte IDH. También informaron que el Estado venezolano no acreditó a ningún agente para que lo representara durante la audiencia.
Gloria de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inició las declaraciones y señaló que agentes del Estado dispararon en múltiples oportunidades contra el grupo pese a la evidente manifestación de rendición, que quedó grabada en vídeo. No hubo investigación sobre estas muertes y tampoco se cuidaron las pruebas obtenidas a través de autopsias.
De Mees señaló que días antes del ataque, Nicolás Maduro había pedido «plomo para terroristas» refiriéndose directamente al grupo que encabezaba Óscar Pére
Asimismo, reiteró que tanto el exinspector del Cicpc como las otras seis personas fueron rodeadas e intimidadas, recibieron «disparos en la cabeza», y luego los cuerpos fueron enterrados bajo estricta custodia de funcionarios del Estado. Los familiares, indicó, también fueron «intimidados y se vieron obligados a abandonar Venezuela».
Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini, agradeció a la Corte la oportunidad de poder presentar su caso y relató todas las «pérdidas emocionales, familiares» a raíz del asesinato de su hijo, que calificó como una «muerte muy dolorosa».
Agostini indicó que su hijo, de 33 años al momento de su muerte y padre de cuatro niñas, era un «hombre sencillo, amable» que «como venezolano a él le dolió su país. Una de las cosas que me decía es que iba a hacer un trabajo grande por su país, él no resistía ver a niños hurgando en la basura, de lo poco que teníamos, cocinaba algo y les bajaba».
«Aunque que me duele en el alma, Abraham entregó su vida por su país (…) Yo lo considero un héroe, un patriota, con sus pensamientos libertarios y le dejaron esos pensamientos a la generación de relevo», dijo.
La madre de Agostini indicó que antes del 15 de enero de 2018, fecha de la «masacre de El Junquito», tuvo comunicación de forma intermitente con su hijo, quien le expresó que quería que saliera de Caracas lo más pronto posible.
A las 7:30 de la mañana del 15 de enero, relató, se despertó y encontró en su celular una nota de voz de su hijo «que prácticamente era una despedida, que por favor le hiciera llegar el mensaje a su esposa y sus hijas, que él estaba en la lucha por la libertad de Venezuela pero habían sido descubiertos, que estaba herido pero que le dijera a todos que la lucha era por Venezuela».
«Los exhibieron a todos a los seis hombres y la dama que estaba allí, que los habían asesinado. Fue terrible para todos, yo sentí que mis pulmones, mi corazón se paralizó», dijo. Ese mismo día se dirigió a la morgue de Bello Monte junto a su hija María Virginia y otros familiares.
«Ahí estuvimos desde el 16 en constante reunión con el Senamecf porque el régimen quería cremar los cuerpos. Mi hija fue la interlocutora de las seis familias, tuvimos varias confrontaciones, la familia Lugo, la familia Soto, todos estábamos consternados», indicó.
Su familia, al igual que los seres queridos de José Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos se opusieron y exigieron la presencia de un fiscal del Ministerio Público, quien al final del día les permitió ver los cuerpos
Agostini indicó que su hijo tenía un disparo en la cabeza «y tenía varias heridas, aunque la parte del tórax no lo pude ver». Luego, antes de que fuese enterrado, pudo levantar la tapa del cajón en que fue entregado y le tomó fotos. Señaló que el cuerpo «ya estaba descompuesto», pero logró ver que tenía «más de cincuenta perforaciones en el cuerpo y heridas de arma blanca, mi hijo tenía perforaciones en el pecho».
«Nunca nos entregaron informe de autopsia, ellos nos entregaron algo ligeramente esa misma noche que hicimos el reconocimiento, un informe de defunción con la causa de la muerte, casi todos tenían disparos de gracia en la cabeza», dijo Agostini.
También refirió que en el caso de Lisbeth Zurita, la única mujer del grupo, tenía «un disparo en la nuca y también uno en la frente».
Un «entierro cruel»
La madre de Abraham Agostini, quien fue interrogada por los magistrados de la Corte ID, ofreció detalles sobre las circunstancias en que se dio el entierro de su hijo, Óscar Pérez y el resto del grupo. Si bien a los familiares se les prometió en un primer momento que se entregarían los restos el viernes 19 de enero de 2018, tras una reunión con una fiscal del Ministerio Público y el Senamecf, se les indicó que debían retirar los cuerpos el día siguiente.
Sin embargo, la madrugada de ese sábado 20 de enero les indicaron que debían acudir rapidamente a la morgue porque «los planes habían cambiado».
La madre de Agostini identificó a Luis Marval Flores como el funcionario militar encargado de tener «el control, el manejo sistemático» de los cuerpos y el entierro.
«Fue un entierro forzado, en tiempo récord. Hay un vídeo donde digo que yo me iba a tirar en ese hueco, pero a mi hijo no me lo van a enterrar como un perro, él tiene familia … Abraham ya estaba descompuesto, al igual que José Alejandro Pimentel», señaló.
Reiteró que fue «un entierro cruel» pues «nunca nos entregaron los cuerpos de nuestros hijos, ellos hicieron lo que quisieron (…) Fue un entierro forzado, solos nos permitieron 15 minutos, no los entregaron ya en estado de descomposición, en un cajón con papel y tela clínica».
Persecución y una familia dividida
En diciembre de 2017, Abraham Agostini se comunicó con su madre y le dijo «Mamá, voy a una misión bastante delicada, no te puedo decir mucho, pero voy a luchar por nuestro país».
Tras el entierro, ella se refugió junto a otra de sus hijas, María Virginia, en una barriada de Caracas durante varios días, pues la casa que tenía alquilada y que compartía con Abraham fue allanada por funcionarios de las FAES y la PNB sin orden judicial.
Zeila Agostini estuvo cuatro años en Perú bajo la figura de asilo; sin embargo, señaló que tuvo que salir de ese país luego de que el gobierno de Pedro Castillo entregara la información de todos los asilados venezolanos a la administración de Nicolás Maduro «violando todos los convenios y protección internacional».
Incluso aseguró que tuvo que presionar al comisionado de refugiados para obtener su permiso de viaje y salir del país. «Ellos (gobierno venezolano) tenían toda la información de correos, de teléfonos, era accesible conseguirnos y extraditarnos a Venezuela».
Agostini refirió que toda su familia se encuentra dividida tras el asesinato de Abraham. Sus nietas permanecen en Venezuela, ella se encuentra en Costa Rica, otras de sus hijas están en Estados Unidos y una permanece en Perú.
Declara un experto
Giancarlo Fiorella, director de investigación de Bellingcat, fue llamado a participar como perito debido a la investigación que hizo la organización junto a los medios venezolanos Armando.Info, Efecto Cocuyo y El Pitazo sobre el caso de Óscar Pérez.
Explicó que la investigación inició a partir del 15 de enero de 2018, día de la masacre, al ver los vídeos que el exinspector del Cicpc subió a su Instagram para informar sobre el operativo. Indicó que en la metodología hubo un proceso de verificación de imágenes, para certificar cuándo y cómo fueron captadas fotografías y vídeos.
Fiorella relató que entre la conversación que sostuvo Pérez con los agentes del Estado se escuchó claramente que estaban dispuestos a entregarse. «Después de esa hora, todos los vídeos que comparte Óscar Pérez muestran que están siendo atacados por las fuerzas del gobierno. Esto nos lleva a la segunda fase que inició aproximadamente a las 8:30 de la mañana y ya para mediodía estaba concluida».
Indicó que durante el ataque también se reiteraron las voluntades del exinspector del Cicpc y su grupo de entregarse a las autoridades. «Esta segunda fase culmina con el último vídeo que Óscar Pérez publicó en su cuenta de Instagram ese día. El vídeo concluye con Oscar Pérez gritando ‘nos vamos a entregar, no sigan disparando’. Fue grabado aproximadamente entre las 10:59 y 11 de la mañana. Luego de eso, los agentes ingresan a la casa».
«Lo que detalló esta investigación es que al principio, cuando se hizo el primer contacto entre el grupo de Óscar Pérez y los funcionarios hubo negociación (…) Los funcionarios del Gobierno dispararon contra el sitio y culminó con la muerte de Óscar Pérez y su grupo», resaltó.
También se revisaron actas de defunción, que fueron difundidas semanas después, donde se evidencias las heridas de bala. Señaló que en el caso particular de Óscar Pérez se reflejó que tenía un impacto de bala en el cuello. Afirmó que la conclusión de la investigación, sobre la base de todos los datos obtenidos, es que todo el grupo fue víctima de una ejecución extrajudicial.
17-06-2026
