Tamara Taraciuk, directora en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó que las sanciones individuales sobre el régimen de Nicolás Maduro son indispensables para frenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Dijo, en entrevista con El Nacional, que el país es uno de los ejemplos más extremos de los graves desafíos que en décadas ha enfrentado la región.
La abogada expresó preocupación por las tres crisis que viven los venezolanos en simultáneo: la arremetida del chavismo contra la oposición, la emergencia humanitaria y el éxodo de más de seis millones de ciudadanos.
Advirtió que la intención de cooperación de las autoridades venezolanas con el escrutinio internacional no es genuina. Y recordó que a los expertos de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, nunca les permitieron investigar en el terreno.
Es necesario, enfatizó, que la comunidad internacional siga presionando al gobierno de Maduro para obligarlo a sentarse en la mesa de negociación. Así, manifestó, se podrían lograr acuerdos tangibles que permitan restablecer el Estado de Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela.
Taraciuk nació en Venezuela pero creció en Argentina. Estudió derecho en la Universidad Torcuato Di Tella, en la ciudad de Buenos Aires. Ha formado parte de HRW desde hace más de 15 años. Tiene amplia experiencia en temas de democracia y de derechos humanos en América Latina. Sucede a José Miguel Vivanco, quien estuvo durante 30 años al frente de esa división de HRW.
Venezuela, de los casos más extremos
—Como directora en funciones para las Américas de HRW, ¿cómo analiza la situación de derechos humanos en la región y, sobre todo, en Venezuela?
—América Latina está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas. Venezuela es de los casos más extremos, junto con Cuba y Nicaragua, donde hay gobiernos dictatoriales que ejercen el poder brutalmente. Pero incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Es importante resaltar que esto último ha ocurrido en gobiernos de distintas ideologías y hay presidentes de derecha y de izquierda que siguen el mismo libreto autoritario. Como si fuera poco, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador, profundizando la desigualdad que ya existía en América Latina. Con relación a Venezuela, resulta de enorme preocupación que existan tres graves crisis simultáneas: una brutal arremetida contra opositores por el régimen de Maduro, que ocurre con total impunidad, una emergencia humanitaria y un éxodo de más de seis millones de personas.
“Cooperación no es genuina”
—La alta comisionada Michelle Bachelet reportó avances en la actualización de su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué observación le merece? ¿Se puede considerar que realmente Venezuela ha avanzado en esta materia?
—Lo único que veo es un régimen aferrado al poder, que solo cede, y poco, ante la presión internacional. Cuando la alta comisionada menciona avances en sus informes orales, como por ejemplo la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la policía, debe analizarse en el contexto de la realidad del país, donde, en términos generales, se ven enormes retrocesos. En el último tiempo, las autoridades venezolanas han intentado mostrar una faceta de cooperación con el escrutinio internacional, por ejemplo, permitiendo la presencia de representantes de la oficina de Bachelet en Caracas. Si bien el acceso al país puede resultar útil en algunos casos en particular, esta supuesta cooperación con las Naciones Unidas no es genuina. Los expertos de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que publicó duros informes con evidencia sólida de posibles crímenes contra la humanidad y de complicidad de la justicia venezolana, nunca pudieron poner un pie en Venezuela. Varios relatores y otros mecanismos, que tampoco pudieron visitar el país, han realizado decenas de recomendaciones que todavía no se han cumplido. Los presos políticos siguen detenidos, la Fuerza de Acciones Especiales todavía opera, la impunidad por las violaciones de derechos humanos sigue imperando y el poder judicial continúa careciendo de independencia.
22-04-2022
