Desde el año 2017 el ejecutivo nacional no publica el presupuesto público, tal como lo establece la ley. Ya son 5 años de opacidad, lo que ha limitado a ciudadanos y expertos analizar el presupuesto, seguimos sin saber a ciencia cierta qué pretende hacer el gobierno con los recursos públicos este año, por lo que no se conoce cómo se distribuirán los recursos que son de todos los venezolanos.
En momentos de crisis es más importante saber en qué se va a gastar el dinero, porque los recursos son finitos y las necesidades son mayores. Sin embargo, en Venezuela esto se ha caracterizado por ser discrecional y opaco y el alto nivel de pobreza que sufre la población venezolana es consecuencia de un presupuesto mal ejecutado.
El pasado 10 de diciembre de 2021, la vicepresidenta de la República y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2022, calculado en 62.379.454.806 bolívares, poco más de 13.400 millones de dólares a la tasa de cambio oficial de la fecha; y afirmó que el 77% del presupuesto será destinado a la inversión social durante 2022.
Sin embargo, varias organizaciones que han realizado seguimiento a las medidas económicas que ha tomado el gobierno, entre ellas Transparencia Venezuela, no opinan lo mismo.
De acuerdo a un informe de Transparencia Venezuela, basado en la exposición de motivos de la ley de presupuesto a la que tuvo acceso, indica que el monto reservado al gasto social es de 55,53% y no de 77% como lo afirmó la funcionaria.
Una de las desviaciones observadas en este informe es que en el desglose del gasto se incluye Cultura y comunicación social. Si bien la cultura es considerada como parte del gasto social, no lo es la comunicación social. Los recursos destinados al Ministerio de Comunicación e Información (Minci), ente responsable de la propaganda del gobierno, no entran en la categoría de gasto social, detalló la organización.
Así mismo, el desarrollo Social y Participación se lleva –conjuntamente con Educación– una buena parte (15,17%) de los recursos dirigidos al área social. “Desarrollo social incluye el fortalecimiento del sistema económico comunal, pero su impacto social aún no está muy claro”, advierte Transparencia Venezuela en su informe.
También la opacidad está presente en las premisas presupuestarias; se desconocen cifras como el Producto Interno Bruto, la inflación, el precio del crudo venezolano, la producción petrolera y la tasa de cambio.
Por tanto, las organizaciones que integran la Coalición Anticorrupción en Mérida, exigen tanto al gobierno nacional así como a los gobiernos subnacionales, publicar el presupuesto con suficiente tiempo para que la ciudadanía pueda analizarlo y que se pueda dar una retroalimentación en aspectos tales como los ingresos, su distribución o gasto.
La transparencia presupuestaria es fundamental para disminuir los riesgos de corrupción en el uso de los recursos públicos, democratizar la distribución de los recursos, fortalecer las instituciones del Estado y lograr de esta manera una mayor eficiencia del presupuesto. Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mérida.
06-02-2022
