La organización Transparencia Venezuela advirtió que varios aspirantes a los cargos de fiscal general de la República y defensor del pueblo no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes.
Tras revisar las listas publicadas por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la ONG identificó candidatos que no garantizan independencia política, una condición esencial para ambos cargos.
Entre ellos mencionó a Joel Darío Altuve Patiño, postulado a fiscal general, y a otros aspirantes a la Defensoría del Pueblo como José Luis Alcalá Rhode, Julio Lattan, Enrique Ochoa Antich y Emilio Graterón, todos con vínculos o trayectorias político-partidistas.
La Ley de la Defensoría del Pueblo establece que quien ocupe ese cargo debe estar libre de “todo cargo o actividad de carácter político-partidista”.
Aspirantes a fiscal y defensor del pueblo con antecedentes cuestionados
El informe de la ONG también alerta sobre postulados con historiales polémicos o sanciones previas. Entre ellos destacan Gilberto Landaeta Gordon, exfiscal destituido tras un incidente policial, y Elías Álvarez Leal, exjuez suspendido por el Tribunal Supremo de Justicia.
Según la organización, estos casos generan dudas sobre la idoneidad ética y profesional requerida para asumir funciones clave en el sistema de justicia.
Transparencia Venezuela también cuestionó la formación de algunos aspirantes, como Larry Devoe, actual fiscal encargado, señalando que no posee experiencia como juez o fiscal ni estudios de cuarto nivel en materia penal.
En el caso de los postulados a la Defensoría del Pueblo, la ONG indicó que varios no evidencian una trayectoria sólida en derechos humanos, requisito exigido por la Constitución. Entre los nombres señalados figuran Eglée González Lobato, Julio César Pineda, Juan Ernesto Garantón, Marialbert Barrios y Vladimir Villegas.
El informe también menciona el caso de Alejandro González Plessmann, quien, pese a su trayectoria en derechos humanos, es cuestionado por su paso por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
La ONG advierte que estas inconsistencias comprometen la transparencia del proceso y podrían afectar la legitimidad de las futuras designaciones.
Diversas organizaciones ya han alertado sobre fallas en el proceso, incluyendo falta de transparencia y participación ciudadana en la selección de estas autoridades.
Candidatos que sí cumplen requisitos
Entre ellos mencionó a René Moros Troconis, exmagistrada en materia de violencia contra la mujer, y a Magaly Vásquez, decana de la UCAB y corredactora del Código Orgánico Procesal Penal.
El proceso de designación del fiscal general y del defensor del pueblo se inició tras la renuncia de las anteriores autoridades y ha estado marcado por críticas de organizaciones civiles y organismos internacionales, que exigen garantías de transparencia, mérito e independencia.
