La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 posee dimensiones complejas y ha requerido la intervención de los Gobiernos y máximas autoridades de salud a nivel global para contener el avance del virus y prestar la atención necesaria a los afectados. La situación exige respuestas rápidas y efectivas para el manejo y la superación oportuna de la pandemia. La adopción de medidas bajo este esquema de celeridad puede llevar a la flexibilización, relajación e incluso omisión de controles legales, institucionales, sociales y públicos que pongan en riesgo la transparencia de las decisiones gubernamentales y debiliten los mecanismos de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, tan importantes en el uso de los recursos públicos.
En este sentido, la exigencia al gobierno para preservar los recursos públicos y obtener de ellos el mayor provecho, con la participación de los ciudadanos en la definición y resolución de los asuntos, *es cada vez más fuerte en el mundo entero*, y un imperativo en el marco de esta pandemia.
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