En saco roto. Allí han caído las 85 recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló a los estados del continente, incluyendo a Venezuela, para combatir el COVID-19 *sin disminuir la democracia ni las garantías fundamentales de los ciudadanos, en particular su derecho a buscar y recibir información oportuna y veraz*.
Al menos así lo dejó claro el organismo en las primeras evaluaciones que hizo sobre el cumplimiento de las sugerencias que formuló en su resolución 01/2020, publicada el 10 de abril de 2020, y titulada *“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.*
La instancia con sede en Washington (EE UU) expresó su “preocupación” ante las denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión y restricciones al derecho a la información impuestas por las autoridades de algunos países, entre las cuales por supuesto está Venezuela.
“Se han identificado restricciones en el acceso de periodistas a ruedas de prensa y en la posibilidad de realizar preguntas sobre la pandemia; también algunos Estados han recurrido a figuras del derecho penal para sancionar la difusión de ideas e información calificadas como falsas o incitaciones al pánico respecto a la salud pública. Por otra parte, con el legítimo interés de detener la dispersión de la pandemia, en algunos Estados se ha recurrido a medidas de ciberpatrullaje digital, lo que podría afectar las libertades fundamentales”, denunció el organismo.
