El Consejo de Guerra Permanente del Estado Táchira, el cual cumple funciones de tribunal de juicio, decidió el día de hoy 20 de noviembre, acordar la libertad inmediata del dirigente estudiantil Carlos “Pancho” Ramirez, luego de condenarlo por el delito de ultraje a centinela, luego de que el Ministerio Público desistiera de la acusación de Instigación a la rebelión. El dirigente estudiantil, decidió admitir los hechos para evitar permanecer injustamente encarcelado más tiempo, pues se encontraba privado de libertad desde el pasado 15 de mayo. Al admitir los hechos y serle impuesta la pena con la rebaja correspondiente a dicha admisión, el Consejo de Guerra, determinó que la pena se encontraba cumplida y era procedente acordar la libertad inmediata de Pancho Ramirez.
El estudiante universitario de la ULA, y dirigente del movimiento 13, permaneció detenido durante 185 días, luego de ser aprehendido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en una protesta pacífica realizada en la ciudad de Mérida. Dicha protesta fue convocada por los factores democráticos en el estado Mérida para expresar el rechazo a la celebración de una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.
Al ser presentado ante el Tribunal Militar en Funciones de Control No 12 del Estado Mérida, le fueron imputados al dirigente estudiantil los delitos de instigación a la rebelón y ataque al centinela, previstos en el Código de Justicia Militar, ello en contravención a la doctrina Internacional de la Corte Interamericana de Justicia, que reiteradamente ha señalado que los civiles no deben ser juzgados en tribunales militares.
Es de destacar que Carlos “Pancho” Ramirez, estuvo recluido en diversos centros de reclusión, como la Dirección de Contrainteligencia Militar, la cárcel de Barquisimeto, y el departamento de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente en el Estado Táchira, siendo víctima de tortura física y psicológica en algunos de esos centros de reclusión. Con su admisión de hechos y condena se ponen fin a 185 de días de privación de libertad por ejercer el derecho a protestar.
