Por: Angélica Villamizar…
La publicación del decreto 5.248 en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.985, mediante el cual se ordena la supresión de varias misiones y fundaciones, representa un movimiento administrativo que merece ser analizado más allá de las interpretaciones políticas coyunturales. Desde una perspectiva de gestión pública y responsabilidad fiscal, la medida constituye un acierto que podría marcar un precedente importante en el manejo de los recursos del Estado venezolano.
Durante años, el país ha sido testigo de la proliferación de entes, fundaciones y misiones que operaban con financiamiento público pero con escasos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Esta arquitectura institucional paralela no solo generaba duplicidad de funciones, sino que representaba una sangría para unas finanzas públicas que todos los venezolanos sabemos necesitan ser administradas con la mayor eficiencia posible.
La decisión de suprimir organismos como la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, Propatria 2000 o la Fundación José Félix Ribas, entre otros, responde a la necesidad lógica de racionalizar el gasto público. En cualquier parte del mundo, los gobiernos responsables realizan periódicamente ejercicios de revisión de su estructura administrativa para identificar aquellas dependencias que han cumplido su ciclo o cuyas funciones pueden ser absorbidas por otras instancias sin afectar la calidad de los servicios.
Particularmente significativa resulta la eliminación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), un organismo que, independientemente de las valoraciones que puedan hacerse sobre su desempeño, representa un alivio para el presupuesto nacional al suprimirse una estructura cuyas funciones podrían ser asumidas por otros entes del Estado con menor costo operativo.
En un contexto donde las finanzas públicas enfrentan desafíos importantes, cualquier medida que tienda a eliminar gastos superfluos, concentrar funciones y reducir la burocracia paralela debe ser valorada positivamente. La ciudadanía tiene derecho a esperar que cada bolívar proveniente de sus impuestos o de la renta petrolera sea utilizado con la máxima transparencia y eficacia posible.
Por supuesto, la verdadera prueba de fuego no está en la firma del decreto, sino en su efectiva implementación y en el destino que se dé a los recursos que se liberen con esta medida. Sería deseable que el ahorro generado por esta reestructuración se traduzca en mejores servicios públicos, mayor inversión social o en el fortalecimiento de las instituciones que permanecen.
La decisión de ejecutar esta profunda reestructuración administrativa envía una señal alentadora sobre la posibilidad de repensar el tamaño y las funciones del Estado venezolano. Ojalá este sea solo el primer paso de un proceso más amplio de racionalización del gasto público que, sin afectar los programas sociales verdaderamente prioritarios, permita al país avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, transparente y sostenible en el tiempo.
19-02-2026 (164-2026)
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