Por: Luis Loaiza Rincón…
Es obvio que cuando los “acompañantes” proponen acuerdos de convivencia, es porque los que están en la obligación de convivir no pueden hacerlo en los términos que exige la política democrática de hoy. ¿Qué impide esa convivencia? El irrespeto de las reglas del juego político que se encuentran en la Constitución. ¿Por qué se irrespetan esas reglas? Porque no son demócratas quienes gobiernan y porque han demostrado que su único objetivo es permanecer indefinidamente en el poder, al precio que sea.
Tal “acuerdo de convivencia” es el resultado del proceso negociador abierto entre el gobierno y la oposición de Venezuela, representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), al entender que el diálogo constituye una herramienta fundamental para el ejercicio de la política y la superación de los conflictos y que la vía alterna se encuentra plagada de anarquía y violencia. El diálogo y la negociación en la Venezuela de hoy son, a su vez, el resultado de una crisis sin precedentes que amenaza la viabilidad política y social de la nación.
No obstante, quien más interés público ha demostrado en impulsar ese diálogo es el propio Nicolás Maduro, quién llegó a decir el 20 de noviembre de 2016: “Aquí nadie se para de la mesa”. Por si fuera poco, este miércoles 25 de enero de 2017, en el marco de la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en República Dominicana, Nicolás Maduro utilizó el proceso de diálogo como credencial de buena conducta ante el mundo porque, el diálogo en Venezuela, “más temprano que tarde, generará resultados que ayudarán al fortalecimiento de la democracia y la paz en el país”. La presunción de muchos es que en ese diálogo las cartas están marcadas, que el único que gana es el gobierno y que a la oposición no le reconocerán nada que vaya más allá de lo que ya está establecido en la Constitución, desde la particular interpretación que haga de ella, el parcializado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A todas estas, ¿quiénes son los acompañantes? Los acompañantes son el Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper; los ex Presidentes Leonel Fernández de República Dominicana, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Martín Torrijos de Panamá. A ellos se sumó, posteriormente, un representante personal del Papa Francisco. Al poner en manos de estos señores el proceso de diálogo, se dejaron de lado las iniciativas impulsadas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) por diversas personalidades de la región y sobre todo por el Secretario General de ese organismo hemisférico, Luis Almagro, quien defendió la aplicación de la Carta Democrática Interamericana con alegatos que todavía hoy resuenan en la conciencia de los demócratas latinoamericanos.
Al revisar las propuestas del “acuerdo de convivencia democrática”, es el punto “quinto” donde se establecen los temas y acciones concretos que deben adelantarse. De esta manera se identifican cuatros áreas fundamentales: 1). Paz, respeto constitucional y convivencia institucional. 2). Verdad y Justicia. 3). Situación Económica – Social y, 4). Institucionalidad y Cronograma Electoral. En cada uno de estos puntos se identifican, a su vez, un conjunto de acciones recomendadas.
Sobre la “Paz, respeto constitucional y convivencia institucional”, se propone normalizar el ejercicio de las funciones institucionales y garantizar esa normalización
Sobre “Verdad y Justicia”, se propone crear las subcomisiones de verdad y justicia, resolver judicialmente la situación específica de las “personas privadas de libertad” y orientar el funcionamiento inmediato de la Comisión de la Verdad, en la que deberá incorporarse una representación de la oposición.
Sobre la “Situación Económica – Social”, se proponen un conjunto de medidas para mejorar el abastecimiento y que la Asamblea Nacional (AN) “revise y apruebe” los acuerdos de financiamiento suscritos por el Gobierno Nacional y “explore y apruebe” el Presupuesto y la Ley de Endeudamiento para “normalizar la gestión financiera y el papel fiscalizador de la Asamblea”.
Finalmente, sobre la “Institucionalidad y Cronograma Electoral”, se propone exhortar al TSJ para que coopere en el nuevo nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), rectores que serían escogidos por consenso de las partes y que en términos prácticos sería uno para el gobierno y otro para la oposición. De igual forma, se propone, en consideración del cronograma electoral aprobado por el CNE, sugerir las posibles fechas para las elecciones de Gobernadores y Alcaldes que se efectuarían en el 2017 y abrir la posibilidad de que se realicen de forma conjunta. Finalmente, sin mayores detalles, se propone “abordar el cronograma electoral para 2018”.
El primer tema se abordó como si la AN no viniera adoptando las medidas, que con apego al texto constitucional y a las normas del país, permitan el ejercicio de sus competencias. No se dice nada del muro de contención que han construido tanto el TSJ como el Ejecutivo Nacional para bloquear legislativa y administrativamente a la AN. En este punto debió indicarse que ambos poderes tienen, por mandato constitucional, que respetar el desempeño institucional de la AN. De hecho, se termina aceptando que en el Estado Amazonas se cometió un fraude electoral que ninguna instancia oficial ha soportado y documentado con apego al derecho. En este punto se propone también crear una nueva instancia: la “Comisión de Mediación Institucional”, la cual es muy posible que no logre lo que en la mesa de negociación no se acuerde. También, se habla de “identificar”, “analizar” y “evaluar” las decisiones judiciales que afecten la autonomía de la AN, cuando en verdad el problema es “restituir” las capacidades del Poder Legislativo, conforme lo establece la Constitución.
Sobre el segundo tema consideramos que todas las propuestas resultan convenientes y que la incorporación de la oposición a la “Comisión de la Verdad” constituye un paso importante en la dirección correcta.
Sobre el tercer tema hay que decir que las propuestas de los “acompañantes” dejan al descubierto el estrepitoso fracaso del régimen en materia económica y que le toca a la AN enmendar los errores del gobierno en esta materia, entre otras cosas, legalizando sus acciones inconstitucionales en los temas relativos al Presupuesto Nacional y al endeudamiento público.
Sobre el cuarto tema no se plantea qué hacer con la última decisión del TSJ que mató el tema del nombramiento de los dos rectores del CNE. Pareciera, que desde la perspectiva de los acompañantes, el derecho y la Constitución Nacional son modelables cuando les resulta conveniente. ¿Por qué, entonces, no se plantea de una vez el adelanto de las elecciones nacionales?
Finalmente, hasta la fecha, el cronograma anunciado por el CNE es sólo un anuncio. No se han terminado de cumplir las formalidades del caso y ya se advirtió que si ese organismo electoral no convoca en enero las elecciones regionales, pautadas para diciembre del 2016, de acuerdo con la Constitución de la República, las mismas no se podrán realizar antes de julio. El asunto es que dilatar este proceso, también terminará afectando la realización de los comicios para escoger alcaldes y concejales en el segundo semestre del 2017.
Tal como lo ha señalado Vicente Bello, representante de la MUD ante el CNE, el problema es que el CNE “no está decidiendo, está esperando las instrucciones del Gobierno Nacional para ver cómo avanza y el Gobierno Nacional no va a hacer nada, no las va a autorizar mientras no tenga claridad sobre el desarrollo en la mesa de diálogo” (Vicente Bello en declaraciones públicas reseñadas el 24 de enero de 2017). Así las cosas, nos enfrentamos a un círculo vicioso en cuyo centro se encuentra el desprecio por las reglas del juego democrático.
Dicho esto, consideramos que el gobierno no invoca el diálogo para resolver ni construir salidas. Lo hace, tal como ha ocurrido en las anteriores crisis que se han vivido a lo largo de los últimos dieciocho años, para seguir en el poder. ¿Qué puede ser distinto en esta ocasión? Desde nuestra perspectiva, sólo el pueblo en la calle hará la diferencia.
Frente a esta situación, consideramos necesario que el liderazgo opositor: 1). Construya una sólida posición unitaria sobre el proceso de diálogo. 2). Explique con claridad a los venezolanos el sentido estratégico y los alcances del diálogo así como las razones para rechazar el “acuerdo de convivencia democrática” propuesto por los “acompañantes”·3). Promueva una agenda de calle e impulse la organización social desde las bases, para que exista la necesaria presión que haga respetar la mayoritaria voz del pueblo.
