El ya célebre informe de la Misión Independiente designada por el Consejo de DDHH de la ONU describiendo graves violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela cometidas por la cúpula del poder ejecutivo con mención expresa de delitos de lesa humanidad, sigue acarreando consecuencias muy severas que posiblemente se intensifiquen mientras aquel no asome el menor signo de rectificación.
LA ONU marca una ruta nítida de lo que sobrevendrá si el oficialismo persiste en imponer las parlamentarias del 6 de diciembre, que no está en capacidad de organizar con elementales garantías de transparencia y desestimando la alarmante realidad del avance de la pandemia COVID-19 suministrada con excelencia técnica por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Adicionalmente han sido reiteradas las solicitudes de ajustarse a esas realidades enviadas al Ejecutivo por la Misión autora del informe, presidida por Marta Valiñas, abogada experta en las materias del caso. El proceso conducido para precisar la índole de los hechos punibles imputados al gobierno de Maduro ha sido objeto de las técnicas más avanzadas para “anonimizar la información” a fin de proteger a quienes la suministraron.
Todo con el fin de que la cruda realidad puede inducir cambios impostergables. No obstante, han sido muy valiosas las respuestas suministradas al Informe de la Misión, entre las que cabe destacar el Pronunciamiento del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, otorgando total respaldo al Informe de la Misión, en gesto que fue acogido y comentado por Universitarios por Venezuela, en los siguientes términos:
Universitarios por Venezuela respaldan el pronunciamiento del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas de la UCV
Para brindarle amplio respaldo y felicitar a sus autores no viene al caso repetir a la letra el contenido de los Considerandos y Acuerdos del Pronunciamiento del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. Su suficiencia, pertinencia y densidad son obvios y hablan por ellos.
No obstante, debemos mencionar las principales premisas que sostienen sus notables conclusiones, siendo lo determinante, aunque no lo único, la acumulación de vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad en procesos anteriores a la convocatoria de las elecciones parlamentarias, así como los que pesan sobre ellas mismas.
Se trata de ilegalidades que afectan la existencia de los actos a que se refieren, y por eso son insubsanables. Tratándose de actos viciados de nulidad absoluta, sencillamente no existen.
El Pronunciamiento menciona expresamente varios casos de extrema gravedad, pero, por sus efectos fulminantes, resaltaré solo los siguientes:
La designación de rectores del Consejo Nacional Electoral. Esa competencia corresponde constitucionalmente a la Asamblea Nacional pero fue despojada de ella para transferirla a un órgano también írrito, configurándose así una usurpación de funciones.
La elección presidencial, realizada el 20 de mayo de 2018, fue mundial y nacionalmente desconocida porque el proceso no lleno los requerimientos mínimos para su validez legal.
En ese festival de ilegalidades, el eje de la continuidad institucional es la Asamblea Nacional que fue electa el O5-12-2015. Con base en el mencionado principio de continuidad institucional, le corresponde a la Asamblea, y solo a ella, seguir en el ejercicio de sus funciones legislativas y de control administrativo mientras no se realicen las correspondientes elecciones, conforme a lo dispuesto en la normativa constitucional y legal.
En el indicado Pronunciamiento de la Facultad se alude a la negligencia que llama criminal, envuelta en la convocatoria de las parlamentarias del 06-12- 2020 sin tomar para nada en cuenta la expansión acelerada de la pandemia que pone en peligro la salud y vida de los venezolanos, desatendiendo de paso el muy serio estudio emanado de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales que, con base en muy importantes investigaciones, calcula – desmintiendo los informes de los más altos voceros oficiales- en más de cuatro mil la cifra de contagios diarios y, con alarma, pronostica que de persistir la
negligencia en el trato de este mal que no perdona, esa cifra podría llegar a catorce mil cada día. ¿No es fácil entender por qué se alude a “responsabilidad criminal” en el Pronunciamiento de la Facultad, cuya autoridad decanal ejerce, con buen sentido ético y profesional, la profesora Lourdes Wills Rivera?
Hay, sin duda, una creciente ola de reclamos exigiendo la suspensión de las parlamentarias convocadas -con inocultable ceguera- para el seis de diciembre, por cierto el último de los meses mencionados por los científicos de la Academia de Ciencias, como posible top de intensificación exponencial de la mortal pandemia universal, si no se propicia un verdadero, un vigoroso esfuerzo masivo, capaz de vencer la inaceptable ineptitud que hasta ahora pareciera haberse instalado en las articulaciones de las autoridades.
Con la unión del país, más allá de divergencias banderizas, podría darse ese paso de gigante en la lucha contra la pandemia que le ha declarado la guerra a muerte al linaje humano.
Libertad para los presos políticos y militares
Es de elemental justicia recordar aquí la permanente causa de la libertad de los presos políticos, causa histórica que sigue pendiente a pesar de limitadas decisiones tomadas recientemente por Miraflores con las que se insiste en presentar como libertad plena la fórmula sustitutiva de “casa por cárcel”. Es una mixtificación que debe ser aclarada cuanto antes aparte de que no abarca a la totalidad de los encarcelados arbitrariamente, ni se extiende a los militares venezolanos que por disentir del oficialismo soportan la doble humillación de ser arbitrariamente presos, sin juicio ni derechos procesales y por el tiempo que se les ocurra a sus captores. Algunos militares permanecen por largos años en condiciones infames revelando que son víctimas personales de tal o cual jerarca del régimen, pero a ellos les decimos que no los dejaremos solos, nos batiremos en lucha indoblegable por su libertad, una que ostente su verdadero nombre, porque si no es plena no puede ser considerada libertad en el más amplio de sus significados.
Firman Ex Autoridades y Autoridades Universitarias
Caracas 24 de Septiembre de 2020
