Todo funcionario de cualquier nivel está enteramente al servicio de la ciudadanía. El correcto ejercicio de sus funciones está establecido en un amplio marco legal nacional e internacional, comenzando por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Convención Naciones Unidas Contra la Corrupción, Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el Decreto con Fuerza de Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, la Ley Contra la Corrupción y el Código de Ética de Servidoras y Servidores Públicos.
En este sentido, toda persona que preste servicio en la administración pública debe actuar según los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad, transparencia, tal como lo establecen los instrumentos legales antes mencionados.
El Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos (2013), expresa claramente en su artículo 5 los deberes de los funcionarios, entre los que se encuentran salvaguardar en todo momento los intereses del Estado y preservar el patrimonio público, cumplir con la máxima eficiencia y la más alta eficacia la misión que le esté encomendada, proceder con objetividad e imparcialidad, rechazar pagos, prebendas, privilegios u otros beneficios indebidos para sí o terceros, ajustar su conducta, a favor de la transparencia, prestar sus servicios sin abusos de autoridad y atribuciones, entre otros.
Así mismo, este documento detalla que un funcionario ético no actúa en situaciones donde reciba beneficios abusando de su competencia, así como tampoco el uso de los recursos que maneja para beneficio propio, es decir, que no abuse del poder que le fue delegado, que es lo que define a los hechos de corrupción.
Además, toda institución del Estado debe garantizar al ciudadano el derecho de acceso a toda la información de su gestión, tal como lo establecen artículos como el 28 y 51 de la Constitución de la República, pues se trata de información pública, y debe hacerlo bajo principios de transparencia activa, es decir, que sea permanente, veraz y oportuna; para ello, sus miembros deberían manejar ciertas pautas para mejorar su relación con la ciudadanía, entre ellas: mantener la calidad en la atención, identificar segmentos de ciudadanos a fin de prever mejor como atender sus requerimientos, definir varios canales de atención, por ejemplo, una Oficina de Atención al Ciudadano conformada por personas capacitadas y que tengan la actitud de atender de manera adecuada y respetuosa a quien se dirija a realizar cualquier requerimiento inherente al organismo.
La rendición de cuentas es otra de las actividades que el funcionario debe realizar de manera periódica, a fin de minimizar cualquier riesgo de corrupción que se pudiese cometer.
Sin embargo, la realidad demuestra que hay funcionarios que no cumplen o peor aún, desconocen las instrucciones emanadas principalmente del Código de Ética que los rige, lo que incide en contra de una buena actuación y, por ende, asumir conductas poco éticas y corruptas que al final impiden el buen cumplimiento de sus funciones, perjudicando finalmente a la sociedad en general. Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mérida.
25-04-2021
