Por: Angélica Villamizar…
Los terremotos del 24 de junio de 2026 dejaron en evidencia una verdad incómoda, cuando ocurre una catástrofe de gran escala, la capacidad del Estado para responder no puede depender solo de anuncios de emergencia o de recursos improvisados. En un país golpeado por dos sismos devastadores, con muertos, heridos y daños severos en infraestructura y viviendas, la existencia de un fondo de estabilización habría permitido movilizar recursos de forma inmediata, transparente y con menor costo social.
Venezuela ya conoció la lógica de este tipo de instrumentos con el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), creado para proteger el gasto público frente a la volatilidad de los ingresos y evitar que los vaivenes fiscales afectaran el funcionamiento del Estado. Su debilitamiento y posterior reemplazo por el Fondo para la Estabilización Macroeconómica (FEM) redujeron el alcance de ese mecanismo, y distintas revisiones han señalado que perdió capacidad contracíclica por reformas legales y uso discrecional.
La situación actual confirma que la estabilización fiscal no solo sirve para choques petroleros o desequilibrios macroeconómicos, sino también para desastres naturales que exigen liquidez inmediata. Cuando un país sufre una emergencia como la provocada por los terremotos, necesita financiar rescate, atención hospitalaria, reparación de infraestructura crítica, albergues y reconstrucción inicial sin esperar reasignaciones lentas o endeudamiento de último minuto. En ese sentido, un fondo de estabilización bien diseñado funciona como un seguro público para proteger vidas y acelerar la recuperación.
La evidencia reciente muestra que las autoridades venezolanas tuvieron que recurrir a una arquitectura de respuesta de emergencia y a mecanismos externos para atender la tragedia, incluida la coordinación internacional y el uso de recursos disponibles en el FMI para reconstrucción. Eso revela una debilidad estructural, el país carece de un colchón fiscal robusto y permanentemente disponible para catástrofes de esta magnitud. Si existiera un fondo de estabilización operativo, con reglas claras de acumulación y desembolso, el Estado podría responder más rápido y con menos fricción política.
Además, la experiencia venezolana con fondos de estabilización demuestra que el problema no fue la idea, sino el deterioro institucional del instrumento. La función original era prudente y simple, ahorrar en tiempos favorables para gastar en momentos de choque. Recuperar esa lógica sería una medida de responsabilidad pública frente a una sociedad que hoy enfrenta pérdidas humanas y materiales extraordinarias.
Un nuevo fondo debería estar protegido por reglas estrictas de uso, supervisión independiente y criterios automáticos de activación ante emergencias verificadas. También tendría que separar claramente su finalidad humanitaria y de reconstrucción de cualquier uso corriente del presupuesto, para evitar el desvío de recursos que históricamente debilitó mecanismos similares en Venezuela. La transparencia presupuestaria sería clave para que la ciudadanía controle su ejecución y para que el fondo no se convierta en otra caja opaca.
La tragedia de junio de 2026 no solo dejó una emergencia humanitaria; también dejó una lección institucional. Un país vulnerable a crisis naturales necesita herramientas permanentes de estabilización, no soluciones improvisadas después del desastre. Reactivar un fondo de estabilización, o crear uno nuevo con reglas modernas y control público, sería una respuesta más seria que depender exclusivamente de la urgencia del momento.
02-07-2026 (175-2026)
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