Por: German Rodriguez Bustamante…
La semana pasada la presidenta del interinato tutelado de Venezuela, efectuó una visita guiada a New York. El punto más destacado de sus tours fue una reunión privada y directa con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según informaron de fuentes oficiales y declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, en el encuentro se trataron temas relacionados con las elecciones en Venezuela, así como posibles cooperaciones en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad. El día anterior, el paseo incluía reuniones de alto nivel con los principales organismos financieros multilaterales en Nueva York, orientadas a reactivar el financiamiento, revisar mecanismos de cooperación técnica y abordar la reestructuración de la deuda externa venezolana.
El país está en default desde el año 2.017, en esa condición es imposible acceder financiamiento internacional, y para estabilizar la economia es imprescindible recursos nuevos a términos convenientes o posibles de asumir. En ese marco Delcy se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. El diálogo se centró en retomar conversaciones sobre la arquitectura financiera internacional y gestionar la liberación de 346 millones de dólares de recursos propios, derechos especiales de giro, destinados a atender las zonas afectadas por los sismos de junio de 2.026. De igual manera sostuvo un encuentro con su presidente del Banco Mundial Ajay Banga, en el cual evaluaron vías de asistencia, cooperación técnica y financiera para impulsar sectores prioritarios de la economía nacional. Y para culminar su visita financiera guiada, conversó con el titular del BID, Ilan Goldfajn, repasando los mecanismos de cooperación estratégica y la normalización de las relaciones institucionales con el país.
En conclusión, los tours financieros indicados por USA, concluyeron con el intento de la reinserción oficial de Venezuela en el sistema multilateral de crédito. Estos encuentros marcaron un giro estratégico orientado a la reconstrucción nacional tras la tutela político y económica post 03 de enero. El Banco Mundial ha enfocado su estrategia de estabilización económica para Venezuela, principalmente en la asistencia técnica avanzada, el asesoramiento en políticas públicas y la atracción de inversiones internacionales. El banco aporta capacidades técnicas para el diseño de reformas fiscales y monetarias, destinadas a contener la volatilidad y generar equilibrios macroeconómicos de largo plazo. Esto incluye el acompañamiento, que funge como un sello de credibilidad internacional, para disipar los temores de los inversores privados y facilitar el flujo de capitales hacia sectores estratégicos de la economía venezolana. Los lineamientos del plan prioriza la estabilización de los indicadores económicos, para que vaya de la mano con programas de protección, para los sectores más vulnerables, mitigando el impacto social de las reformas de transición y los sacrificios que habrá que hacer. El Banco Mundial coordinó con el FMI un respaldo financiero y de infraestructura, orientado a mitigar los severos daños habitacionales sufridos tras los terremotos de junio de 2.026.
El BID diseña un plan de compromisos de dos años, que contempla un potencial financiamiento de hasta 2.500 millones de dólares, condicionado a la resolución técnica de las deudas previas y la validación de los datos macroeconómicos del país. Los ejes centrales del plan tienen que ver con: el financiamiento directo y asesoría técnica para estabilizar la infraestructura energética y reducir los racionamientos eléctricos a nivel nacional; la inyección de recursos para fortalecer las redes de asistencia, subsidios y atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema y el envío inmediato de comisiones del banco a territorio venezolano, para recopilar datos reales, auditar las necesidades estructurales y diagnosticar la sostenibilidad financiera sector por sector. El desembolso de los fondos no es automático, el BID suspendió los créditos a Venezuela en mayo de 2.018 debido a impagos, y la nación aún arrastra una deuda acumulada con el organismo de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, el inicio formal de los desembolsos requerirá una negociación técnica para reestructurar estos atrasos históricos, antes de liberar las nuevas líneas de crédito.
Esta aproximación es un primer paso que requiere de revisiones exhaustivas, las auditorías técnicas de los organismos multilaterales BID y Banco Mundial, en Venezuela constituyen un requisito obligatorio, para activar los programas económicos y desbloquear líneas de crédito, tras la reanudación de sus relaciones institucionales. Estas evaluaciones no se limitan a revisar libros contables, sino que implican inspecciones físicas e institucionales detalladas en frentes prioritarios como: daños críticos a infraestructura producto del doble terremoto; evaluar el estado de las plantas de generación y transmisión para certificar cuánta inversión real se requiere para estabilizar el flujo y mitigar los racionamientos y fundamental las instituciones exigen que los equipos técnicos del BCV, abran por completo sus bases de datos económicos para verificar variables clave como la inflación real, reservas internacionales, déficit fiscal y sostenibilidad de la deuda externa. Esta validación sirve para diseñar las reformas fiscales obligatorias bajo los estándares internacionales de financiamiento.
El despilfarro, el saqueo y el robo sistemático del erario público quedará al descubierto, llegó el momento de conocer en detalle el tamaño del hueco gestado por estos revolucionarios. Información filtrada de Deloitte, empresa de auditoría que revisa al BCV, señala un desfalco de 127.000 millones de dólares en activos, oro y divisas. Un informe detallado del Parlamento, determinó un fraude acumulado de 25.000 millones de dólares en infraestructura eléctrica. Esto explica el colapso actual de la red y los severos racionamientos de energía. El juicio iniciado formalmente en abril de 2.026 contra la red de Tareck El Aissami e intermediarios comerciales, arrojó que las empresas de maletín comercializaron crudo evadiendo controles oficiales. La acusación de la Fiscalía fija el desfalco en 5.550 millones de dólares, aunque otras organizaciones calculan que el perjuicio patrimonial real, en esta sola trama excede los 16.900 millones de dólares. Casos de corrupción se ventilan en todo el mundo en tribunales y cortes por el saqueo aplicado en Venezuela. Esperemos que esto lleve también a la determinación de responsabilidades.
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28-09-2026
