Por: German Rodriguez Bustamante…
En Venezuela la asfixiante presión tributaria que enfrentan las empresas y los ciudadanos, ha convertido al ente que se encarga de la administración de los tributos, en un herramienta coercitiva y en algunos casos de acciones violentas, de intimidación y de amenazas. La realidad es un intento estatal disimulado de armonizar los impuestos, mientras la carga real sigue siendo una de las más altas de la región en relación con la rentabilidad de los negocios. Se estima que la carga fiscal total en Venezuela puede oscilar entre el 60% y el 65% de la utilidad neta de una empresa. Esto no se debe a un solo impuesto, sino a la suma de múltiples capas como son: impuestos nacionales, contribuciones parafiscales, contribución especial para la protección de las pensiones e impuestos municipales.
Todo este andamiaje legal hace extremadamente onerosos y pesado cualquier incumplimiento formal de uno de ellos, lo que facilita la interpretación caprichosa de la ley por parte de los funcionarios, encausando por la vía de los hechos, a acuerdos financieros amistosos que no llegan a las arcas del fisco, sino a bolsillos de individualidades. La administración tributaria ha instrumentado una serie de estrategias para trasladar la carga de trabajo a la base de contribuyentes, con la calificación de contribuyentes especiales que los obliga a actuar como agentes de retención, por otro lado los calendarios son más estrictos y no prevén las debilidades de la infraestructura de servicios nivel nacional. Esta molesta asfixia conduce a la informalidad, por mucho que intenten obligar a tributar a cualquier iniciativa por más pequeña que sea.
La corrupción en Venezuela está conectada irremediablemente con la política fiscal, lejos de ser un fenómeno aislado, funciona como un multiplicador de las distorsiones económicas. En un entorno donde la institucionalidad es débil, la corrupción actúa como un impuesto invisible que termina pagando el ciudadano común y el sector privado. En otras palabras, la carga excesiva es un factor que potencia la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional publicado en febrero de 2.026, el país se mantiene en los últimos puestos globales (180 de 182), lo que tiene efectos directos en el bolsillo de ciudadanos y empresarios.
Cuando los impuestos son excesivos y adicionalmente los procesos son opacos, surge un espacio para la corrupción discrecional. Algunos funcionarios pueden usar la complejidad de las leyes (como la reciente Ley de Pensiones o el IGTF) para presionar a comercios con multas desproporcionadas, buscando arreglos informales, recursos que no entran en el presupuesto público. Las riquezas mostradas por algunos funcionarios, no se pueden ocultar como su pronunciado abdomen y la tos recurrente. La lentitud o el bloqueo de trámites digitales necesarios para estar al día (solvencias, registros) a menudo obliga a las empresas a pagar ayudas para evitar sanciones legales.
Lamentablemente no existen correspondencias entre la base de recaudación y la calidad de los servicios públicos, se muestra como éxito el dinero recibido vía impuestos, pero los servicios cada día peores, a pesar que la privatización de la tarifa es un hecho. En conclusión, la carga tributaria la llevan los ciudadanos y las empresas, y adicional deben financiar servicios de mala calidad. Tristemente mientras el comerciante formal paga el 60% de su utilidad en impuestos, otros sectores traen mercancía sin pagar aranceles gracias a conexiones políticas, lo que destruye la industria nacional. Es público y notorio la existencia de negocios y empresas en variados sectores que gozan de protección fiscal, o por lo menos el esfuerzo tributario es casi invisible.
La paradoja es que, aunque se hable de recuperación económica o crecimiento en sectores específicos, la corrupción actúa como un yunque que impide que esa riqueza se traduzca en bienestar general para el ciudadano de a pie. No puede hablarse de apertura a la inversión extranjera y nacional en un esquema tributario discrecional y profundamente corrupto. Ninguna gestión empresarial puede trabajar con productividad, cuando la extorsión tributaria es una espada, que obliga a dedicar tiempo para sortear la alcabala y poder mantener el negocio en marcha. En resumen, una carga tributaria pesada y una corrupción descontrolada, derivan en primas de riesgo elevadas para cualquier inversión. Las reformas realizadas a la ley de hidrocarburos y la planteada en la ley de minas, ofrecen ventajas fiscales para estos vectores, sin embargo la estructura fiscal y parafiscal sigue allí, con interpretaciones discrecionales para todos los sectores.
Una reforma de la estructura tributaria es urgente para armonizar, simplificar y hacer más justo el sistema, nadie puede asumir una carga que no pueda soportar. Los incentivos fiscales deben ser palancas para el desarrollo no un obstáculo. Para el contribuyente el cumplimiento de los deberes formales deben ser ajustados a sus retornos y no senderos para esquivar sanciones. El incumplimiento de la ley tributaria debe ser castigada en proporción a lo evadido, de forma simple y transparente evitando interpretaciones y discrecionalidad de funcionarios de turno. Los contribuyentes no pueden convertirse en presos tributarios sin barrotes.
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09-03-2026
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