“En Venezuela hay una usurpación producto de unas elecciones irregulares” que se celebraron el pasado 20 de mayo de 2018, en este sentido, “nosotros como demócratas debemos exigir que para poder corregirlas se tienen que hacer nuevas elecciones”, dijo Carlos Ramos, miembro del equipo político de Voluntad Popular (VP) en el estado Mérida.
Puntualizó, que luego de la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), todas las acciones de los cancilleres de la región así como de la comunidad internacional en general están abocadas al cese de la usurpación a través de un mecanismo electoral que cuente con las condiciones óptimas que garanticen la pulcritud del proceso.
Indicó que ante el panorama no se puede negar o afirmar si habrá o no cooperación militar del exterior, puedo restablecer el hilo constitucional y la democracia en Venezuela, ya que los primeros pasos después de la activación del TIAR, desde el punto de vista punto de vista de Ramos sería lograr que se atienda la crisis humanitaria compleja que afronta el país, así como actuar contra la corrupción, contra quienes han cometido violaciones a los Derechos Humanos y quienes están vinculados al narcotráfico y el terrorismo.
Además comentó que la asistencia internacional también estará abocada a recuperar el dinero público del cual estimó una pérdida de 400 mil millones de dólares aproximadamente. Al respecto indicó que grupos de “inteligencia financiera” extranjera trabajan para ubicar los cúmulos de dinero y repatriarlos al fisco Nacional.
Rechazo al censo de los milicianos
El partido Voluntad Popular en Mérida rechazó la pretensión de realizar un censo de población y vivienda, ejecutado por la milicia bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ya que el único ente habilitado para realizar el Instituto Nacional de Estadística (INE) y además el censo poblacional corresponde para el año 2020.
En este sentido, Carlos Ramos, señaló que de ejecutarse esta acción significaría la implementación del Estado Comunal, ya que uno de los objetivos es ubicar las viviendas vacías para “invadirlas”, violentando el derecho a la propiedad privada.
Al respecto, manifestó que el próximo 28 de septiembre se llevará a cabo una asamblea de ciudadanos para dar directrices en torno a los mecanismos que las comunidades pueden emplear para velar por sus derechos constitucionales.LP
