La actividad organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (DDHH-ULA), del foro sobre la Resolución 008610, efectuado en el Teatro César Rengifo, resultó altamente orientadora acerca del contenido y alcance de la misma.
Los ponentes, con amplios conocimientos en áreas como Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Derecho Constitucional, expusieron sus puntos de vista y dieron respuesta a las inquietudes del público asistente, entre ellos profesores, empleados, estudiantes de la institución, así como también integrantes de diversas organizaciones de Derechos Humanos que funcionan en la ciudad.
El profesor Luis Gerardo Gabaldón, docente de la ULA y de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), expuso el papel de los organismos de seguridad del Estado y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el Derecho de Manifestación.
Para Gabaldón, la sentencia del Máximo Tribunal “es regresiva”, por cuanto al imponer determinadas condiciones para el ejercicio de las manifestaciones va en detrimento de un derecho humano como es el de la manifestación.
Entre sus conclusiones planteó la necesidad de establecer el espacio correspondiente a cada organismo de seguridad, esto es, a la Policía, la Guardia Nacional y el Ejército. Igualmente afirmó que es necesaria la negociación en las protestas públicas con miras al control de la violencia y la fuerza.
Finalmente, afirmó que el uso de armas, metras o perdigones de plomo viola los estándares internacionales que deben y pueden ser usadas para enfrentar las protestas públicas.
Por su parte, Ligia Bolívar, de la UCAB y directora del Observatorio de DDHH de ésa universidad, analizó la resolución 008610, la cual calificó de inconstitucional pues viola normas de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
Sin embargo, Jesús Rondón Nucete, docente de Derecho Constitucional de la ULA, fue más allá, al afirmar que la resolución ministerial atenta contra el Derecho a la Vida, por lo tanto “es írrita, inexistente por lo tanto debe ser derogada”.
Para Rondón Nucete, lo más importante de la resolución 008610 es que la misma “es el resultado de la inexistencia en la práctica de la Constitución de 1999”. De forma contundente afirmó que el texto constitucional “ha dejado de existir. Ha perdido su vigencia”, razón por la cual “los ciudadanos deben exigir la derogatoria de la resolución y la vigencia y aplicabilidad de la Constitución”.
El gran ausente del evento fue el general Gustavo Saluzzo, director de la Policía de Mérida.
PRÓXIMO EVENTO
La coordinadora del Observatorio de la DDHH-ULA, Mayda Hocevar, invitó a la presentación del Primer Informe del organismo, titulado ‘Venezuela frente al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura’, el cual constituye la compilación de las protestas registradas en Mérida durante 2014 y la violación de Derechos Humanos en el marco de las manifestaciones.
El acto se efectuará el martes, 10 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en el auditorio de la Asociación de Profesores de la ULA (APULA), ubicado en la urbanización Santa María, sector B y contará con la participación de David Gómez, de la Universidad del Zulia y Andrés Colmenares, de la Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz).
Por: Judith Vega
Foto: Prensa ULA
