*REMITIDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES*
El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes fija postura frente a las nuevas tablas salariales del sector universitario, las cuales evidencian la poca valoración que el Ejecutivo Nacional da a las universidades y a la educación como factor de desarrollo y progreso material y espiritual, la generación del conocimiento y la construcción de ciudadanía, confirmando una política no escrita de destrucción por diseño de las universidades nacionales, en este caso al desestimular la búsqueda de la excelencia de los universitario.
Aun cuando las tablas muestran un incremento, estas no se corresponden con la actual situación socioeconómica del país ni con la importancia de las universidades, y ni siquiera respetan la llamada Convención Colectiva Única, que vale decir, es un instrumento impuesto por el oficialismo, firmado con sindicatos sin representación, que en cada una de sus versiones ha desmejorado las condiciones socioeconómicas de los universitarios.
De hecho, las tablas evidencian un trato discriminatorio en lo referido a los porcentajes de beneficios como prima de profesionalización, prima de antigüedad, prima por hijo, entre otros, los cuales fueron rebajados hasta en un 50% en relación con el resto de la administración pública.
El anuncio de aumento de salario mínimo del pasado 4 de marzo y la imposición de las nuevas tablas salariales para el sector universitario ratifican y profundizan la política de miseria en el país *y representan una flagrante violación a los principios laborales de progresividad e intangibilidad, establecidos en los acuerdos internacionales, en nuestra Constitución y en la Ley del Trabajo.*
En este contexto, vale recordar el Artículo 91 de la Constitución Nacional, el cual establece que «Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas la canasta básica en Venezuela se ubicó en 365 dólares americanos para enero de 2022, mientras que el aumento anunciado a «medio Petro» representa 30 dólares mensuales, arrojando un déficit de 335 dólares y violando de manera flagrante el precitado artículo constitucional.
Como agravante, la Gaceta Oficial 6691, en donde se oficializa el nuevo aumento del salario mínimo, no menciona el Petro o cualquier otra divisa como referencia, estableciendo el aumento en 130 Bolívares, lo cual condena al ya insuficiente salario a ser devorado por la inflación, todo mientras que muchos precios se encuentran anclados al dólar o el Petro incluso en instituciones públicas.
Finalmente, aunque resulte evidente y se trate de una acción sostenida durante varios años en contra de las casas de estudio, advertimos que la imposición de las nuevas tablas salariales traerá consecuencias negativas de gran impacto para la educación venezolana y el futuro de la nación, pues empuja a los universitarios a abandonar las instituciones en la búsqueda de otros medios de subsistencia y desestimula el esfuerzo y la excelencia, negando a las nuevas generaciones el derecho a una educación de calidad, contemplado en los Artículos 102 y 103 de la Constitución Nacional.
En Mérida, a los 24 días del mes de marzo de 2022
Mario Bonucci Rossini
Rector
Manuel Joaquín Morocoima
Secretario
