Por Ricardo R. Contreras…
Cuando escuchamos juntos los nombres del monarca español Carlos III (1716-1788) y del político nicaragüense Daniel Ortega (1945-), nadie podría pensar que tienen algo en común. Carlos III, que ascendió al trono en 1759, fue el tercer monarca de la Casa de Borbón tras la Guerra de Sucesión Española. Su reinado se caracterizó por reformas ilustradas que modernizaron el Estado español en áreas como la administración, la economía y la educación. En contraste, Daniel Ortega comenzó su carrera política en Nicaragua como uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un movimiento guerrillero que derrocó al régimen dictatorial de la familia Somoza, que había gobernado Nicaragua desde 1936 hasta 1979. Tras el derrocamiento de Somoza, Ortega se convirtió en un miembro importante de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Fue elegido presidente en 1984 y gobernó hasta 1990, año en el que perdió en unas elecciones libres contra Violeta Barrios de Chamorro. Sin embargo, regresó al poder en 2006 y desde entonces ha logrado mantenerse mediante diversos medios, incluidas reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida. Entonces, ¿qué tienen en común Carlos III y Daniel Ortega? La conexión histórica la encontramos en la expulsión de los jesuitas. Ambos figuran en la historia como responsables de campañas que terminaron por expulsar a esta comunidad religiosa: Carlos III lo hizo de todos los territorios hispanoamericanos en 1767 y Daniel Ortega en Nicaragua en agosto de 2023.
Los jesuitas llegaron a América a comienzos del siglo XVI y emprendieron una obra no solo misionera, sino también educativa. Dondequiera que llegaba un jesuita, llegaba el mensaje cristiano y también la educación, en consonancia con el carisma de los discípulos de San Ignacio de Loyola, que es fomentar la cultura y la enseñanza en medio de los ideales católicos. En este sentido, no podemos pasar por alto la fundación de colegios y universidades en toda la América hispánica. Además, es necesario destacar el logro utópico que representaron las misiones jesuíticas del Paraguay. Allí, no solo educaron y fomentaron el humanismo entre el pueblo guaraní, sino que también se esforzaron por conservar su idioma, estudiar sus costumbres y crear, al estilo del barroco que predominaba en el siglo XVII, una cultura híbrida. Esta síntesis cultural permitió escuchar en los templos bellamente adornados por artistas guaraníes, maravillosa música sacra, ya fuera en latín o en guaraní. Este fenómeno cultural puede considerarse un “milagro” surgido de las misiones jesuíticas del Paraguay. En el caso venezolano, el esfuerzo misionero y educativo comenzó en 1628 con la fundación del Colegio San Francisco Javier de Mérida, primer colegio de los jesuitas en la Provincia de Venezuela, que se mantuvo activo hasta la expulsión de la congregación en 1767.
A pesar de los casi 200 años de trabajo evangelizador y educativo de la Compañía de Jesús en América, Carlos III se dejó influir por varios factores para expulsarlos en 1767 y confiscar sus bienes. Entre estos factores se incluyen: su intención de centralizar el imperio español, la creciente preocupación por la influencia que los jesuitas ejercían en los territorios hispanoamericanos, conflictos con otras órdenes religiosas y acusaciones de injerencia política. Todo esto se sumaba a las tensiones geopolíticas que afectaban a España en relación con otras potencias europeas. En resumen, una serie de envidias, rencores y temores infundados llevaron al rey a tomar una decisión rápida e implacable. Sin embargo, tras las guerras de independencia, la Compañía de Jesús regresó paulatinamente a Hispanoamérica, retomando su labor en la promoción de la educación y los valores cristianos. En Venezuela, los jesuitas regresaron en 1916, tras 149 años de exilio.
Más de dos siglos después de que Carlos III expulsara a los jesuitas, el gobierno de Daniel Ortega ha tomado una determinación similar en Nicaragua. Según un decreto del 23 de agosto de 2023, la Compañía de Jesús perdió su personalidad jurídica y sus propiedades pasaron al Estado. Esta acción afecta a instituciones educativas como los colegios Loyola y Centroamérica, así como a las escuelas de Fe y Alegría. La medida fue implementada una semana después de que el gobierno nicaragüense confiscara la Universidad Centroamericana (UCA), que había estado bajo administración jesuita durante más de seis décadas. Esta acción del gobierno es una respuesta a las críticas que los jesuitas y la Iglesia Católica en Nicaragua han venido realizando desde 2018, especialmente en materia de derechos humanos, y las cuales coinciden con las evaluaciones que expertos de la ONU han señalado, en relación con el deterioro social e institucional generalizado del país. Es evidente que la toma de control de la UCA por parte del Estado es una represalia contra una institución que viene promoviendo la construcción de una sociedad más equitativa basada en los principios del humanismo cristiano.
La Iglesia Católica en Nicaragua experimenta su propio Vía Crucis. Existen medidas que limitan la práctica libre del culto católico, a lo que se suma la detención, enjuiciamiento y condena del obispo de la Diócesis de Matagalpa, Mons. Rolando José Álvarez, que ha sido privado de su libertad desde 2022 y fue sentenciado a 26 años de prisión por traición a la patria a comienzos de 2023. Ambas situaciones subrayan la gravedad de los problemas que la Iglesia Católica enfrenta en el país, y requieren una atención inmediata. Esta circunstancia ocurre en medio de la preocupación por el resurgimiento de ideas materialistas y antirreligiosas, las cuales han sido ampliamente desacreditadas y ya no se consideran válidas para las sociedades que desean avanzar en un esquema de desarrollo y consenso social. Esto se contextualiza en la difícil situación que enfrenta la Iglesia en aquellas tierras, vista como reflejo de problemas más amplios en la sociedad latinoamericana.
Esperemos que estos episodios de expulsión, tanto en la España del siglo XVIII como en la Nicaragua del siglo XXI, sirvan de lección acerca de las graves consecuencias de entremezclar el poder político con cuestiones de fe. En conclusión, es imperativo abogar por la moderación y la razón, el respeto y la ponderación. Albergamos la esperanza de que se respetarán los derechos humanos y la libertad religiosa. Por ejemplo, en Nicaragua, donde aún es posible tomar medidas conciliadoras como la liberación de Mons. Rolando José Álvarez y el restablecimiento de la Compañía de Jesús, estos serían gestos de sindéresis democrática. Este deseo de respeto y libertad religiosa también se extiende a otras regiones del mundo donde actualmente se ataca al cristianismo y a sus seguidores.
05-09-2023
