FundaRedes presentó su Boletín de investigación número 32 el cual ofrece un análisis del conflicto armado en el estado Apure, y permite concluir que los compromisos políticos propiciados desde las altas esferas del poder en Venezuela, para convertir a las guerrillas de origen colombiano y otros grupos irregulares en el brazo armado de la revolución bolivariana, y en la principal fuerza de choque ante una hipotética intervención de la coalición internacional, han convertido los territorios fronterizos, y especialmente la franja Arauca-Apure-Bolívar, en escenarios de una guerra de poder y dinero.
El trabajo de la organización defensora de derechos humanos, se titula: “Conflicto armado en Apure: facciones guerrilleras y Estado enfrentados por el poder” y compila los antecedentes del conflicto, los cuales datan desde la llegada de Hugo Chávez al poder, momento en el cual, aprovechando la plataforma política internacional del Foro de Sao Paulo, la guerrilla inyectó recursos económicos en los estados fronterizos donde ya mantenía alguna presencia, según afirman en la investigación.
En el texto se señala que Apure en especial, y en general toda la frontera venezolana, evidencia la existencia de un Estado fragmentado que ha cedido el control de su soberanía a agentes externos, pues lejos de resguardar la integridad del territorio venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas se han convertido en una amenaza para la seguridad nacional al verse involucradas en violaciones de derechos humanos y actuar en alianza con grupos armados irregulares”.
La documentación hecha por esta organización de la sociedad civil, permite narrar que el domingo 21 de marzo de 2021, en el marco de la operación “Escudo Bolivariano 2021”, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) inició acciones contra algunos de los grupos armados irregulares de origen colombiano en el estado Apure, específicamente contra el Frente Décimo de las Farc, asentado en la zona, pero protegiendo el bloque de la Segunda Marquetalia; y allí comenzaron los enfrentamientos que ya suman más de 60 días.
Afirma el Boletín 32 que el Estado venezolano envía comandos con equipamiento insuficiente para combatir en Apure, en un intento por beneficiar a los irregulares quienes sí cuentan con un alto poder de fuego.
Igualmente se recuerda en esta publicación reciente que la guerrilla ha ocupado fincas para adueñarse de grandes extensiones de terreno en Venezuela, así como la construcción de pistas clandestinas y la asociación con carteles de narcotráfico internacional, han hecho de Apure un territorio estratégico que sirve de puente aéreo para movilización de droga, según testimonios e investigaciones obtenidas por FundaRedes. Paralelamente los irregulares se han extendido en el control terrestre de pasos desde Colombia hacia Venezuela.
Dentro del informe se evidencia con datos precisos, que el conflicto armado en Apure ha dejado consecuencias en la población civil que ha sido víctima, primero, de la violenta acción militar de alta intensidad y, posteriormente, de vulneraciones como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, amenazas, hostigamientos y destrucción de viviendas perpetrados por la FANB y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se sumaron al Ejército Nacional, todo en abierta violación a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todo esto sumado también a las vulneraciones a la cuales han sido sometidos los funcionarios militares enviados al conflicto, con equipamiento insuficiente para hacer frente a los irregulares, y abandonados a su suerte, dejando fallecidos, mutilados, e incluso un grupo de prisioneros de guerra que permanecen secuestrados en manos del Frente Décimo de las Farc.
Ante ello, FundaRedes reitera que ha solicitado la mediación de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pero además ha presentado denuncias nacionales e internacionales en todos los entes competentes, sobre las múltiples vulneraciones cometidas en medio de esta situación. (Prensa FundaRedes)
Enlace del boletín en la web:
25-05-2021
