Por: Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo…
“En nombre de Dios, no permita otra muerte más”, escribía en 1981, el cardenal Tomás O´Fiaich, primado de Irlanda a la Primer Ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, en cuanto se dio a conocer el fallecimiento del segundo de los presos en huelga de hambre del pabellón H, de la cárcel de Maze, en el Ulster. Entre las peticiones del cardenal estaba la solicitud de que el gobierno enviara un representante, y se preguntaba “cuántos irlandeses más habrán de ser enterrados, dentro y fuera de la cárcel, antes de que la intransigencia ceda a los esfuerzos que se están realizando para llegar a un acuerdo”.
La similitud con lo que está ocurriendo en Venezuela es patente. Hay situaciones límites creadas por la falta de diálogo, por la intransigencia, el fanatismo, y el olvido de que todos somos iguales así pensemos distinto. La disensión es un derecho no un delito. Y no es menos cierto que la siembra de odios, la calificación de enemigos al que no piensa como uno, la afirmación de que la revolución vino para quedarse y si no, la masacre y la muerte se harán presente, es un llamado escalofriante a la destrucción de la convivencia social.
Toda vida humana es importante y es un derecho que debe ser custodiado por la misma persona, por la comunidad y por la autoridad. La escalada de violencia verbal, de represión y de aplicación de normas y conductas que penalizan la disidencia, es una incitación a la violencia. Y la primera obligación de cualquier autoridad es preservar la paz, respetando la pluralidad y haciendo de las instituciones públicas los garantes de la equidad y la igualdad. Esto no se cumple en la actualidad en nuestra patria. Todos los poderes están secuestrados en el ejecutivo, y la defensoría del pueblo, por definición la garante de los derechos del ciudadano, independientemente de que tenga razón o no, sea inocente o culpable, juega el deshonroso papel de justificar la conducta del gobierno. Es una institución inútil, pues el Estado no necesita defenderse pues tiene el poder en su mano.
Existen presos políticos aunque se niegue. El tratamiento a que son sometidos es a todas luces violatorio de los derechos humanos elementales, como son la vida y la calidad de vida. Los procesos judiciales, los traslados a antros inhumanos, la tortura psicológica y moral a la que son sometidos, claman al cielo. No permitir a los seres queridos que estén a su lado en estas situaciones límites es sencillamente negar el derecho al afecto que todo ser humano merece, así sea delincuente. Este tipo de tortura sofísticada, porque no hay otro calificativo, conduce a “asesinato de estado”, pues la moral revolucionaria no tiene como norte la vida humana sino el poder.
La sordera, llamada ahora otitis, aleja a quien la padece de la realidad y conduce al caos a la sociedad. Sin diálogo, sin respeto del otro, sin sentimientos humanitarios, no hay más cauce que la violencia, y quien primero debe evitarla, con hechos y no con simples palabras, es la autoridad.
No se permita otra muerte más, como la de Franklin Brito, que llevó a exclamar a alguien con autoridad: “se lo buscó, allá él”. Es la falta más absoluta de sentimientos humanos. El primer responsable de cualquier muerte más de los que están en huelga de hambre, no es otro que el gobierno, quien tiene en sus manos abrir cauces al entendimiento y a los consensos. La magnanimidad es mayor que la venganza y el abuso del poder, del cual hay también que dar cuenta ante los hombres y ante Dios. Hay que oír el clamor del pueblo que sufre.
27.- 10-6-15 (3597)
