La reciente tragedia ocurrida en Carabobo trae a la palestra pública asuntos gravísimos que se encuentran latentes hasta que algo de esta naturaleza conmociona y mueve las fibras de lo humano. Ningún ser humano independientemente de lo que hiciera o de los delitos que cometiera debe perecer ante tal tortura y dolor. La dignidad y la bondad humana es y debe ser un ejercicio constante, sobretodo ante los que más lo necesitan. Ya lo hizo ejemplarmente Jesús, a los excluidos, los pecadores y los proscritos los perdonó, acogió y redimió.
Los expertos han denunciado durante muchos años que cárceles, centros de reclusión, centros de detención, sistema penitenciario en general son una especie de depósito de seres humanos, sin posibilidades, sin derechos, sin humanidad. La altamente difundida idea de que las cárceles y afines son para los pobres, desfavorecidos, bien por no conocer otro estilo de vida que el delito desde su temprana infancia y juventud, bien por que de entre las opciones sociales que tuvieron el delito pareció el más adecuado para sobrevivir y aspirar a los bienes sociales, aunque no se lograran a través de medios legales, legítimos, convencionales, morales y socialmente aceptados.
En este marco de cosas, los que caen en la desgraciada situación de reclusión son victimizados por un sistema social, económico y político que constante y permanentemente los maltrata. La reiteración de la victimización comienza ante las condiciones paupérrimas de vida, no solo en lo material sino en lo espiritual, de valores y modelos a seguir. En los barrios, pueblos y ciudades del país abundan tristemente los ejemplos de abandono de niños y adolescentes que crecen a expensas de bandas criminales, cuerpos policiales y militares corruptos y pocas condiciones para el desarrollo personal a través de la educación, deporte, familia y una sociedad con oportunidades para el crecimiento como ser humano. Ni que decir de los que, como nadando contra la corriente, sortean la realidad y deciden caminos hacia la profesionalización y las carreras universitarias pero que en lucha por la libertad sufren y hasta perecen privados injustamente de su libertad.
En el triste panorama descrito se debe sumar que los centros de reclusión evidencian groseramente el fracaso de un sistema. Aunque sea ensalzado y se hable de las maravillas del régimen penitenciario la realidad es que muestra las más impresionantes violaciones a todos los derechos humanos fundamentales y a la dignidad del ser humano. El ministerio encargado de atender estas instituciones ha establecido para algunos centros de reclusión lo que ha llamado “régimen penintenciario” y en el cual a partir de fórmulas que incluyen tolerancia 0 y controles estrictos así como cumplimiento de algunas de las medidas establecidas por Ley han logrado mantener más o menos pacificados estas instituciones sujetas al “régimen”. Sin embargo, no todas las instituciones están sujetas a dicho régimen y, peor aún el problema penitenciario se ha trasladado a otros centros originariamente establecidos como centros de paso pero convertidos en centros de reclusión permanente. Tal es el caso de las comandancias de policía, calabozos del CICPC, retenes y afines que carecen más que cualquier otro recinto de las capacidades mínimas de reclusión y que se han visto rebosados por la cantidad de detenidos mantenidos allí; en condiciones de hacinamiento y en plena violación de sus derechos empezando por cualquier garantía jurídica procesal puesto que la mayoría de los seres humanos “depositados” en tales centros se encuentran procesados sin sentencias firmes en su contra, conviene destacar la aplicación de penas extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos y degradantes de diversa índole que llevan incluso a episodios dramáticos como el visto en Carabobo estos días santos.
Las duras condiciones que viven las personas en estos centros de reclusión incluyen como es sabido, condiciones de hacinamiento, carencia de servicios sanitarios mínimos, de agua, de servicios, de alimentos, hasta de luz solar. Violencia, drogas, maltrato de parte de funcionarios. Pugnas de poder entre grupos delictivos y entre éstos y funcionarios. Presos de las circunstancias de un sistema judicial en crisis, con retardo, inoperancia e impunidad, sin derecho real a un juicio adecuado que establezca penas conforme al sistema jurídico y al respeto mínimo con apego a los derechos humanos y a la dignidad del hombre. Como si lo anterior no fuera poco, es conocido y hartamente denunciado por ONGs de derechos humanos y de la situación penitenciaria, que el poder de los reclusos ha tomado dimensiones increíbles, de común uso en nuestro lenguaje actual hay palabras como “pranes” “líderes de tal o cual centro penitenciario” “carro” “bandas” y demás que evidencian un descuido descomunal del control, disciplina y legalidad de los centros penitenciarios de parte que quienes deben administrarlos y gerenciarlos. En asociación con los diversos cuerpos de seguridad y custodia, los internos que ejercen el control de los centros de reclusión mantienen una relación dialéctica con episodios de aparente equilibrio que a veces se ven perturbados y llevan a confusas y dramáticas situaciones.
La complejidad de la realidad y la situación es tal, que es posible que por más que se quiera no se logre evidenciar la verdad de lo allí ocurrido. Los involucrados y el poder económico, político, el poder de las armas y de la violencia en general y demás redes que participan de esta dinámica, ejercen de forma férrea su control e imposibilitan claridad en la realidades vividas. Familiares, activistas y aquellos amantes de la justicia seguirán presionando y buscando. Pero, hay que resaltar más allá del dolor, la pena, el drama y la impotencia de ver situaciones como las de la tragedia de Carabobo, casos como éstos responden a una completa maraña de continúa-continuada-permanente- reiterada- constante (el énfasis pretende exaltar la gravedad de la situación) total violación de los derechos humanos sistemática, sistematizada y aparentemente institucionalizada. Una violación reiterada que se vuelve endémica, se naturaliza, se trata de acallar y se obvia en silencios culpables de parte de funcionarios públicos obligados por Ley a responder ante la opinión pública, los familiares de las víctimas, entes nacionales y supranacionales de respeto y lucha por los derechos humanos y cualquier ciudadano del mundo respetuoso de la vida y dignidad humana.
Esta descrita violación a los derechos humanos fundamentales toma visos de macro victimización cuando se considera el panorama completo evidenciado aquí. Se convierten en víctimas a un país y a sus ciudadanos cuando: Hay victimización ante determinadas personas sujetas a enorme inequidad, inseguridad y carencias (materiales, educacionales, morales…). Hay victimización en la desgracia que significa caer preso en Venezuela muchas veces por razones injustas, en condiciones infrahumanas y sin posibilidad de un sistema adecuado de aplicación de justicia. Hay victimización en dramas como los vividos en Carabobo y los de otras tragedias del sistema penitenciario que caen en el olvido de la opinión pública pero quedan grabados en el dolor de familiares de las víctimas. Hay victimización en los familiares de los fallecidos que pierden seres queridos, apoyo familiar, económico y no ven un mínimo de justicia que mitigue aunque sea un poco su indescriptible dolor.
Hay victimización cuando los funcionarios responsables causal y políticamente no se dan por aludidos y esquivan sus obligaciones administrativas, morales y ciudadanas. Hay victimización cuando esos funcionarios públicos reflejan la inoperancia, ineficiencia e ineficacia de las instituciones públicas y de un sistema político que convierten constantemente a los ciudadanos en víctimas y los ignoran, silencian, invisibilizan y destruyen de cuantas formas puedan imaginarse. Hay pues, macro victimización de los venezolanos que sufren de parte de quienes deberían garantizar su bienestar.
CC
