Por: Germán Rodríguez Bustamante…
En los últimos días, voceros del llamado Gran Polo Patriótico señalaron que las necesidades que vivimos los venezolanos actualmente son los sacrificios que el pueblo tiene que asumir en beneficio de la revolución. La revolución bolivariana fue vendida como el proceso para construir el hombre nuevo, sobre los principios y valores de Bolívar, Simón Rodríguez y Zamora. Una de sus banderas es la lucha contra la corrupción y la pobreza y lastimosamente este supremo objetivo no se ha podido alcanzar; por el contrario, la corrupción ha tomado dimensiones escandalosas, con mecanismos novedosos y perfeccionados para que se mantenga en estos años de revolución, y la pobreza se expande a lo largo y ancho de la geografía, obligando a cerca de tres millones de venezolanos a buscar alimento en la basura. Las revoluciones se asocian a un cambio social fundamental en la estructura de poder o en la organización que lo detenta, lo cual ocurre en un período relativamente corto; en el caso venezolano el engaño lleva 18 años, en los cuales los ciudadanos observamos el deterioro pronunciado en nuestra calidad de vida y con perspectiva de agravarse en el futuro.
Pretender minimizar los daños colaterales generados por la revolución bolivariana es un insulto para los venezolanos. Lo concreto es que en esta farsa una élite, fundamentalmente vinculada con la aventura militar del golpe de Estado, se apropió del país como un ejército de ocupación, dejando a su paso un sendero de miseria y destrucción. Construyeron una formidable maquinaria que combina premios y castigos para controlar una fracción del electorado. En este momento los chantajes no son suficientes y evitan a toda costa las consultas electorales para no recibir derrotas aplastantes. El eje del sistema descansa en el predominio del Estado en la economía, a través del control de la renta petrolera. Ante la caída del ingreso el gobierno tiene graves dificultades para mantener la trampa, ya que el chorro de petrodólares se agotó y no puede tapar los huecos dejados por la cruzada anticapitalista. El Estado omnipresente se ha convertido en proveedor clave de bienes y servicios a todos los venezolanos, bien a través de programas sociales, bien como fuente de contratos para un sector privado dependiente de la generosidad del gobierno. Sobre esta base, el régimen ha extendido sus tentáculos para vigilar y controlar la voluntad política de los ciudadanos; sin embargo, el despilfarro, la incapacidad y las diferentes modalidades de la corrupción minaron la viabilidad de los programas sociales, en consecuencia pretenden un control político mayor con la implementación del “Carnet de la Patria” para evitar que los ciudadanos castiguen al gobierno por los daños colaterales de la decepción revolucionaria.
El gobierno venezolano ha invertido miles de millones de dólares en una variedad de programas sociales bautizados como “Misiones”. Iniciativas para proporcionar bienes y servicios a los sectores populares, desde salud hasta casas, los programas sufren de enormes problemas de gestión que hacen incierto el acceso a los beneficios prometidos. Al mismo tiempo, las ayudas tienen un carácter netamente politizado puesto que el acceso a las mismas se presenta como fruto de los logros de la revolución para el pueblo y no como consecuencia de un derecho ciudadano igual para todos. Quien decide quién recibe la asistencia es a la vez funcionario estatal y seguidor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De este modo, las “Misiones” son escenarios ideales para el clientelismo. Los ciudadanos pueden vincularse a ellas, pero ninguno tiene la garantía de que va a obtener lo prometido a menos que cuente con las “palancas” adecuadas. Y aquí es donde se convierte en esencial la adhesión a la causa de la revolución. Si el ciudadano requiere de una “manita” del burócrata, es fundamental que demuestre su compromiso con el gobierno. A pesar del enorme chantaje, los resultados electorales del 06 de diciembre del 2015 desnudaron una realidad: los ciudadanos recibimos las migajas del gobierno a través de las misiones, pero castigamos en las urnas electorales el fracaso de la gestión pública. En virtud de esa realidad electoral el gobierno intenta de forma desesperada acentuar las políticas de dependencia, fundamentalmente en la distribución del precario inventario de bienes de la cesta básica, con los CLAP para los sectores populares y la liberación de precios para los demás sectores. La promesa se mantiene en las “Misiones” como mecanismo para continuar vendiendo la promesa revolucionaria; pero, amigos del Gran Polo Patriótico: el pueblo va a multar al gobierno por los costos sociales ocasionados.
No es el momento para la resignación, la desesperanza y la frustración; jamás nos vamos a acostumbrar a las calamidades que vivimos. Esperamos por una ruta pacífica, democrática, constitucional y electoral para salir del foso en el cual nos arrojó la comedia llamada revolución bolivariana. Teniendo presente que la protesta es un derecho al cual nunca renunciaremos, en conclusión, como ciudadanos debemos acompañar cualquier iniciativa que abone el camino para el cambio político urgido en Venezuela. Por estas razones nos veremos el 23 de enero en las calles de nuestro querido y añorado país.
@germanrodri
@germanoveja
