Por: Germán Rodríguez Bustamante…
En estos 20 años de revolución nuestra principal industria PDVSA fue sometida a una gestión empresarial funesta, que elimino sus capacidades competitivas: en primer lugar los despidos masivos producto del paro petrolero descapitalizó intelectualmente a la empresa, gran cantidad de profesionales capacitados fueron sacados de cargos de dirección y sustituidos por camaradas sin ninguna o poca formación y conocimiento del negocio, en segundo lugar la empresa asumió responsabilidades vinculadas con el desarrollo social que desvirtuaron sus objetivos fundamentales. En el marco de ingresos extraordinarios derivados del elevado precio del petróleo, el gobierno obligó a la empresa y se despilfarraron recursos orientados a gasto público y no al incremento de capacidades. Gran cantidad de estos recursos fueron a manos de gestores corruptos, encabezados por el súper ministro del momento Rafael Ramírez, quien utilizo la empresa como “caja chica” para complacer los delirios del comandante eterno y para consentir un entramado de corrupción escandaloso, que muestra sus resultados en los múltiples casos ventilados a nivel nacional e internacional. La empresa fue utilizada como financista de delitos cometidos por este narco, corrupto y terrorista gobierno.
En este momento de precios controlados la empresa no tienen mecanismos para compensar la caída de ingresos, estimulados también por un desplome en la producción llegando a la pérdida de más de un millón de barriles diarios. Adicional a ello se comprometió la producción a través de convenios comerciales violentando el marco legal. Como sí esto no fuera suficiente se liquidaron activos en el extranjero en procesos oscuros, socavando la estructura patrimonial de la industria. A inicios del año 2010, se realizó una reforma a la Ley del Banco Central para permitir operaciones financieras de endeudamiento de PDVSA con el BCV, financiamiento que ha venido creciendo de forma alarmante y que en parte justifica los niveles de hiperinflación que padecemos los venezolanos. En conclusión los ciudadanos asumimos la carga para mantener una empresa quebrada, y una Dictadura corrupta vincula con el narcotráfico y el terrorismo internacional.
Algunos de los daños consumados por la gestión revolucionaria en PDVSA son irreparables, la fragilidad de la estructura financiera la coloca en posición desventajosa para captar financiamiento, la pérdida patrimonial por la venta de activos en el extranjero y la incapacidad técnica para enfrentar las condiciones presentes y futuras del mercado petrolero son elementos que presionan hacia la insolvencia financiera de la empresa, expresada en el corto plazo en su incapacidad de poder cumplir con los compromisos asumidos. Existe bonos vencidos desde el mes de noviembre 2017 y febrero 2018 que no han sido cancelados hasta el momento, por otro lado hay un tramo que se vence a finales de abril sobre los cuales los riesgos de insolvencia están presentes. La sumatoria de la moratoria actual se aproxima a los 2.000 mil millones de dólares, recursos que no existen en las finanzas del país y mucho menos en las de la empresa; en consecuencia es predecible acciones legales de los acreedores sobre activos de la empresa en el extranjero.
Los resultados financieros estimados para el 2017, muestran en cifras filtradas de la industria una pérdida cercana a los 25.000 millones de dólares, la cual intentan enmascarar con ajustes contables y financieros, cifra que representa el 25 % de sus ingresos. A pesar de la retórica revolucionaria de la autonomía y soberanía empresarial de PDVSA, este gobierno no está en capacidad para afrontar un proceso de restructuración de la empresa, urgido en este momento para poder sacarla del foso que la sitúo la gestión revolucionaria. La Dictadura perdió todas las posibilidades financieras para salvar la industria, intenta con entregas ilegales y oscuras obtener recursos financieros para mantener la destrucción, sin atacar los problemas de la empresa con la urgencia y con medidas operativas, financieras y administrativas requeridas.
El gobierno venezolano secuestro a PDVSA para financiar programas sociales y una gran variedad de gastos gubernamentales con muy baja inversión productiva, este patrón de gasto es insostenible, sobre todo con producción petrolera desplomada y disminución de precios del crudo, amén de las corruptelas creadas en revolución. PDVSA en la actualidad no podrá soportar las condiciones de los mercados internacionales y las condiciones internas de ineficiencias, improvisaciones y corruptelas, para sobrevivir operativa y financieramente: lastimosamente se encuentra en la quiebra total. Pareciera que la historia nuevamente nos alcanza por la irresponsabilidad de esta Dictadura, y sí queremos salvar PDVSA, enfrentemos un proceso de reestructuración y apertura, cumpliendo las exigencia de ley y ofreciendo transparencia a los procesos de selección de inversionistas interesados, teniendo en cuenta que somos el país del hemisferio con las mayores reservas de crudo.
La visión anacrónica del socialismo del siglo XXI, produjo el genocidio que observamos en todos los segmentos de la actividad económica y particularmente en la industria petrolera: expresado en la pérdida del 40 % del PIB en los últimos cuatro años.
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