Por: Eleazar Ontiveros Paolini…
Dada la circunstancia de que está columna la envié al periódico, tal como está establecido, el jueves pasado, obviamente la escribí sin conocer los resultados de la elección del domingo 6 de diciembre. Sin embargo, las posibilidades nos permiten considerar algunos escenarios. Efectivamente, si el Gobierno logró una mayoría, no hay la menor duda de que la Asamblea seguirá siendo un apéndice del Ejecutivo, y como, con seguridad, no se producirán rectificaciones de ningún tipo, el país seguirá por un camino cada vez más escabroso. Si ganó la oposición, como era lo esperado, la consideración básica es que se ha dado un paso sobresaliente en la recuperación de la democracia, como expresión política de la libertad.
Pero, y esto es importante tenerlo en cuenta sin que sea obnubilado por el entusiasmo, el Gobierno no se quedará quieto y extremará mecanismos para impedir que la acción contralora, la producción de nuevas leyes y las adecuaciones de las existentes, representen éxitos de la oposición. A como de lugar entorpecerá o desconocerá la obligación legal de su aplicación, pues si lo que se propone o modifica es exitoso, determinaría una sustancial disminución de la incondicionalidad que une a muchos sectores con el Gobierno.
La amenaza de Cabello está en el tapete: habrá conflicto de los poderes. Así será y no necesitaba anunciarlo, porque al Gobierno no le va a importar la legalidad implicada en casa caso. El mecanismo se puede prever: Las leyes ordinarias que emanan de la Asamblea Legislativa deben contar con la promulgación del Ejecutivo y en el caso de las Orgánicas con la del Tribunal Supremo de Justicia. A su vez, la Constitución establece que si el Ejecutivo en un lapso determinado no hace la promulgación, esta puede hacerla la Junta Directiva de la Asamblea. Pero puede suceder, y esto es lo medular, que esa promulgación choque con un Tribunal de Justicia que esperará como caimán en boca de caño para deslegitimarla desde el punto de vista jurídico, así sea de la manera más irregular. Es decir, que las leyes promulgadas por la AN pueden ser tiradas al tobo de la basura por el Ejecutivo y luego de ser promulgadas por aquella, ser calificadas de inaplicables constitucionalmente.
No se trata de ninguna manera de alarmar, sino de llamar a la reflexión en cuanto a la necesidad de diseñar mecanismos políticos que permitan neutralizar lo que puede representar, de hacerse efectivo, un serio obstáculo para el éxito de la oposición con una mayoría en la Asamblea Nacional. Lo que suceda en la AN, sin la menor duda, repercutirá en las futuras elecciones presidenciales. Sin embargo, la AN tiene unas 25 atribuciones que le permiten un accionar satisfactorio con la mayoría simple.
