Por: Germán Rodríguez B….
La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su capitulo VII, referido a los derechos económicos y específicamente en el artículo No. 117 señala que: “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del publico consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por las violaciones de estos derechos”.
De la lectura del artículo se desprende de forma clara e inequívoca el derecho de los venezolanos a elegir los bienes sin restricciones y aun trato digno. Lastimosamente es notorio la presencia de colas en supermercados, farmacias y en cualquier establecimiento que momentáneamente este vendiendo un bien bajo condición de escasez, situación que no reproduce un trato digno a los venezolanos.
A pesar que el gobierno intenta desconocer la existencia de altos niveles de desabastecimiento, en productos de la cesta básica, medicamentos, repuestos, productos de higiene personal entre otros; las colas y los reclamos se mantienen, bien sea por inexistencia de los bienes, deudas acumuladas y por la ineficiencia en la asignación de divisas para la importación de estos rubros.
Ante la inutilidad de la ley de costos, precios y ganancias justas, a este gobierno en un acto de improvisación absoluta se le ocurre la idea de implementar un mecanismo de control biométrico de huelas dactirales, con la finalidad de verificar el consumo de los venezolanos de productos de cesta básica y medicamentos, los cuales se encuentran en escasez elevada.
No podemos estar sujetos a restricciones y mucho menos, obligados a ser incorporados en una base de dato biométrica, para autorizar la periodicidad con la cual podamos adquirir una serie de bienes y servicios, es obligación del estado garantizar el derecho de los venezolanos a la libre elección, por lo tanto las cantidades deben ser garantizadas nunca limitadas.
Por otro lado discrimina a los jóvenes, ya que les impide la comprar de los bienes y servicios al utilizar una base de datos en la cual la gran mayoría no están registrados, limitando el derecho a ser sujetos activos del proceso de desarrollo como lo establece la constitución en su articulo 79, sí su condición es de menor de edad, se les impide comprar los bienes coartando su derecho de vivir y ser criados en familia, pareciera con la aplicación de esta limitación que los menores no requieren de alimentación. Las configuraciones de las familias es variada por lo tanto no puede estandarizarse las cantidades asignadas a los jefes de familia para que sean consumidas en su núcleo.
Aquellas personas que presenten capacidades especiales, existirá un mecanismo expedito que facilite su derecho o serán sometidos a verificaciones adicionales para poder acceder a las cajas registradoras.
Así como existen razones constitucionales para la ilegalidad de la medida de control, las razones técnicas son más concluyentes y apunta a la inviabilidad de la propuesta, valdría la pena preguntarse sí: estarán conectadas en tiempo real todas las capta huellas para evitar la comprar diaria en locales diferentes por la misma persona, en la misma ciudad o ciudades distintas; existe disponibilidad de maquinas para ser utilizadas en toda la cadena de comercialización; se puede evitar el deterioro por el uso del dispositivo; existe redundancia para resolver los problemas técnicos que requieran sustitución; hay confiabilidad en la base de datos integrada para evitar captar huellas y usurpar identidad con fines delictivos y finalmente hay disponibilidad financiera por parte de empresarios, para hacerle frente a estos compromisos, sin que esto impacte su estructura de costos.
Lamentablemente esto corrobora la improvisación como gestión de este gobierno.
*Profesor Germán Rodríguez B.
FACES – ULA
