Por: Angélica Villamizar…
Las buenas prácticas son un conjunto de principios, procesos, métodos de trabajo y aplicación de recursos que se aplican para lograr los objetivos propuestos y resolver los problemas inherentes al desarrollo de la actividad de que se trate.
En el plano electoral las buenas prácticas son acciones y estrategias que buscan mejorar la integridad y legitimidad de los procesos. Desde las perspectivas de los constantes cambios en los procesos electorales en los últimos 10 años, es evidente que ha habido numerosas variaciones y contrastes en las prácticas electorales nacionales y regionales, considerando las diferencias entre los sistemas electorales y los partidos políticos en cada país.
Se pueden reconocer que existen valores comunes que buscan fortalecer y consolidar la democracia en la región, como el sufragio universal, libre, secreto y directo; el respeto de los derechos políticos-electorales, incluyendo el derecho al sufragio y la libertad de expresión y asociación; la representación y participación política de grupos minoritarios, y la existencia de órganos especializados para la justicia electoral.
Entre las buenas prácticas más comunes se pueden mencionar las reformas legislativas que consolidan el Estado de Derecho y garantizan los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos. Además del acceso a la justicia electoral en caso de disputas o irregularidades antes, durante o después del proceso.
La transparencia y confianza en el sistema, cuando se cuentan con organismos y autoridades electorales autónomos e independientes, con un personal capacitado y profesional lo que resulta fundamental para su eficacia.
Se debe garantizar que el padrón electoral sea preciso y actualizado para evitar irregularidades en las votaciones, además de fomentar la participación ciudadana especialmente de grupos minoritarios y vulnerables, y proporcionar información clara sobre los candidatos y propuestas.
Es muy importante que para que haya igualdad en la contienda debe existir una regulación y fiscalización del financiamiento político.
En fin, las buenas prácticas electorales tienen como objetivo reforzar la democracia, promover y proteger la integridad electoral, asegurar la legitimidad de los resultados de las contiendas electorales y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de los votantes.
En nuestro país es urgente por lo tanto, identificar los problemas en el ámbito electoral que se puede solucionar mediante diagnósticos focalizados, con el fin de implementar acciones o programas que puedan convertirse en buenas prácticas.
Asimismo en Venezuela, se necesitan abordar varios tipos de intervenciones y estrategias para atender las necesidades y perspectivas en todas las etapas del proceso electoral, no solo dentro del territorio sino incluso fuera de él. Por ello es importante considerar a la mayoría de los actores posibles al diseñar e implementar las estrategias, incluyendo al Estado, los partidos políticos y la sociedad civil.
Y todo esto redundará no solo en las actividades electorales sino en la estabilidad política y social de nuestro país.
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25-04-2024 (123)
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