Por: Francisco Ferreira de Abreu…
Referir la ineludible relación entre el Derecho y la Política en las aulas de la Escuela de Derecho, no resulta bien visto últimamente. De este modo, explicar algún concepto del Derecho Constitucional, Procesal Penal o Penal, teniendo en cuenta la realidad social, no sólo constituye un elemento extraño para un auditorio estudiantil cuyo interés parece agotarse en algunas definiciones o apuntes que sirven para aprobar la materia. También conlleva al desagrado de quienes reclaman del profesor una actitud “académica”. Tal es la situación, que algún estudiante puede emerger de alguno de los pupitres para pedir que no le hablen de política. Según esta postura, el ideal de un profesor de Derecho es el de “facilitar” conocimientos mediante sus clases, con la sola mención de los definiciones del tema a tratar.
Pues bien, en este contexto no todo resulta desacertado, ya que la actividad pedagógica en la hora de clases no ha de diluirse en discusiones políticas sobre el gobierno de un país. No obstante, lo que más preocupa no es que el profesor de Derecho en lugar de dar su clase se dedique a hablar de política en el aula. Lo verdaderamente preocupante es la apatía de un importante porcentaje de estudiantes que pretenden “estudiar” Derecho y graduarse de abogados obviando la vinculación entre Derecho y Política. Una relación, la cual nos remite al tópico legalidad-legitimidad y a la interdependencia entre derecho y democracia, es decir, entre el poder político y lo que le da legitimidad, además de limitarlo: el Derecho. En palabras de Bobbio, a las reglas que transforman un poder de hecho en un poder de derecho.
Y es que cuando se trata de explicar algún concepto o resaltar su importancia, por ejemplo, al abordar el Derecho penal subjetivo, entendido como la potestad del Estado para criminalizar y perseguir el delito, el Debido Proceso y su vinculación con el principio de la división de los poderes o la independencia del poder judicial, no se hace otra cosa que poner de manifiesto la relación entre Derecho y Política. En primer lugar, en la idea de dar cuenta que el Derecho versa sobre una teoría que no puede concebirse sin aplicación práctica o sin incidencia en la sociedad y, en segundo lugar, para poner de relieve un dato que ningún estudiante de derecho debe pasar inadvertido –salvo que quiera convertirse en mero burócrata del Estado-, a saber: que el Derecho no es neutro.
El Derecho, como ocurre siempre, lo crea y lo dicta quien detenta y ejerce el poder político, que además y en no pocas veces, puede llegar a interpretarlo y aplicarlo a conveniencia, en la necesidad de ajustarlo a sus necesidades políticas, verbigracia, criminalizando la disidencia o comprometiendo a los jueces penales en la “solución” política de combatir la criminalidad, en el contexto de un descarado populismo punitivo. Todo lo cual se agrava aún más cuando las instituciones no funcionan o cuando se asume que la democracia se legitima plebiscitariamente conforme al gobierno de las mayorías, esto es, con el sólo ejercicio del voto o ganar elecciones.
De suyo entonces, cuando en el aula de clases algunos profesores de Derecho tratamos de explicar algún concepto o teoría confrontándola con lo que ocurre en la realidad, social, política o judicial, no hacemos política en el marco de los necesarios partidos políticos. En lugar de ello, asumimos la responsabilidad académica y universitaria de quienes –a decir de Derrida– profesamos y discurrimos sobre conocimientos, los cuales, antes de servir para aprobar materias y obtener un título, son de utilidad para algo más importante: la defensa del Estado de Derecho y la Democracia, en pro de la garantía del libre desarrollo de la persona y su dignidad.
Por tanto, a quienes ha de reclamarse, de modo legítimo y necesario, sobre la politización del Derecho, es a otros, entre otras razones, para recordarles que el Derecho no es un instrumento de la política y la legalidad no es el fundamento del poder. Tanto el uno como la otra, constituyen sus límites.
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