El Proyecto de Ley Programa para el Saneamiento del Lago de Maracaibo y de su Cuenca Hidrográfica, traerá consigo importantes beneficios socio económicos y ambientales, no solo para el estado Zulia, sino para los estados ribereños como los andinos, que se traducen en la descontaminación y preservación de cuencas, un mejor tratamiento de aguas servidas, creación de empleos y mejor calidad de vida, entre otros beneficios.
Así opina el pre candidato de la Gobernación de Mérida, Carlos Ramos, al referirse al citado proyecto de ley que fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, y cuya iniciativa observa como muy positiva, pues la contaminación del lago ha tenido consecuencias socioeconómicas en toda su área de influencia integrada por los estados Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira, acentuada por la poca importancia que los organismos involucrados en la materia le han dado al problema.
Entre las consideraciones más importantes que conlleva el proyecto de ley, el ex parlamentario resaltó la declaratoria de “Utilidad Pública y Social”, otorgada a la descontaminación y recuperación del lago y su cuenca hidrográfica, y a la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales vertidas al lago, pues estas actividades serán prioritarias, facilitando la asignación de los recursos presupuestarios.
“Involucrar a los estados vecinos cuyos afluentes descargan en el lago, para la elaboración de proyectos que conlleven al saneamiento ambiental y se constituya un fondo coordinado para la ejecución de los trabajos según sea necesario en cada caso, es significativo ya que representa fuentes de empleo y mejoramiento de la calidad de vida”, consideró Ramos.
Otro aspecto importante es la creación de una fuerza policial municipal para la vigilancia y control de lo referente al mantenimiento y preservación del ambiente, debido a que en la actualidad no hay quien realice esa actividad.
Para Carlos Ramos, desde ya los Gobernadores de Estado y Alcaldes de los municipios ribereños del lago, deben ir preparando a sus comunidades para que asuman el control y defensa de la calidad ambiental de los afluentes que descargan en él, evitando el vertido de aguas servidas y de desechos sólidos en el cauce de los mismos, mientras que los Concejos Municipales y los Consejos Legislativo, se deben dedicar a la legislación correspondiente, a fin de asumir las responsabilidades que en esta ley le son asignadas.
Prensa Carlos Ramos
