Por: Germán Rodríguez Bustamante…
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo II, sección primera, establece el régimen presupuestario artículo 311, el cual señala.. La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrará en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.
El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, para su sanción legal, un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento…..
En concordancia con el artículo 313 constitucional y el 38 de la ley orgánica de administración financiera del sector público, debe presentarse una estimación para el ejercicio fiscal 2016, el cual incluirá el plan operativo anual nacional y los planes operativos institucionales, con la finalidad que exista correspondencia entre las metas establecidas en los planes operativos y los recursos financieros expresados en el presupuesto. Desde el punto de vista económico, el escenario presupuestario debe contemplar un conjunto de acciones orientadas al impulso del aparato productivo nacional, con el objeto de propiciar un mayor dinamismo del sector interno de la economía, de igual manera en la recuperación y sostenimiento del crecimiento económico y el debilitamiento de las presiones inflacionarias, que permitan generar condiciones macroeconómicas favorables para el fortalecimiento de las fuentes de ahorro y de inversión productiva. Para la estimación es fundamental establecer los lineamientos, premisas o metas macroeconómicas que son el marco de referencia de la formulación plurianual, lastimosamente el presupuesto 2016 se pretende formular sin premisas o con la existencia de las mismas en métricas totalmente divorciadas de sus condiciones reales, lo cual es una total irresponsabilidad tanto del ejecutivo como de la asamblea nacional.
El gobierno nacional en esta práctica nociva para la salud del país, de ocultar o cubrir con un manto, cualquier elemento de política informativa obligatoria para los ciudadanos, intenta formular un presupuesto nacional para cumplir con la formalidad legal, pero sin ninguna utilidad, para la evaluación de su gestión; en consecuencia la rendición de cuentas y el control de gestión serán principios oscuros que nunca se podrán alcanzar, propiciando ineficiencia, despilfarro y cualquier tipo de corrupción.
Los ciudadanos tenemos el derecho a la información pública, para mejorar los niveles de transparencia, para formarnos una opinión objetiva sobre el estado de las instituciones públicas y la gestión de estas. Es inaceptable que se pretenda elaborar un presupuesto con metas imposibles de alcanzar, con lo cual los esfuerzos institucionales nunca se podrán medir, revisar y ajustar, y jamás podremos determinar las causas de las desviaciones entre lo planificado y lo realizado, más grave, no se podrá precisar responsabilidades administrativas por el manejode fondos públicos. Las metas se convierten en deseos y no en bitácoras para medir el desempeño y la evolución del estado de salud de una nación. Ya los presupuestos públicos en estas épocas de revolución bolivariana, han carecido de la evaluación continua y la rendición de cuentas como establece el texto constitucional, cuando las premisas están tan alejadas de su comportamiento en el mercado, la rendición de cuentas se trasforman en cuentos, con las implicaciones que esto tiene en las expectativas de los ciudadanos.
Se podrá cumplir con la formalidad legal a través de la ley de presupuesto, sin embargo este gobierno limita la participación pública, en las decisiones de gobierno, eliminando la calidad de los procesos de decisión política, por otro lado hace crecer la desconfianza de los ciudadanos en los procesos de gobierno, aumenta la ineficiencia en la administración pública, en consecuencia el presupuesto formulado en estos términos en un panfleto, no por las descalificaciones políticas expresadas en el mismo, sino por la poca utilidad que el mismo tendrá; es posible que con tal actitud busquen ocultar el dólar paralelo, la inflación, la escasez, el desabastecimiento, el desempleo, la inseguridad, la corrupción y la caída brutal de la actividad económica. El gobierno tiene la obligación de divulgar sus actividades y el pueblo el derecho de tomar decisiones basadas en información útil y confiable.
ULA – FACES
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