Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Las economías de América Latina y el Caribe serán afectadas por la pandemia, a través de factores externos e internos, que en conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930. Según las últimas estimaciones de la CEPAL se prevé una contracción regional promedio de -5,3% para 2020. Previo a la crisis sanitaria la región ya acumulaba casi siete años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019. La crisis que sufre la región este año 2020, con una caída del PIB de -5,3%, será la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable, hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%).
La crisis del coronavirus se ha transmitido a América Latina y el Caribe por cinco canales: una reducción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, una menor demanda de servicios turísticos y una reducción de las remesas.
Se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad. Los países de la región han anunciado medidas importantes, las que deben ser reforzadas mediante la ampliación del espacio fiscal. Es urgente acceder a recursos financieros con base en un apoyo flexible de los organismos financieros multilaterales, acompañado de líneas de crédito a bajo costo, alivios del servicio de la deuda y eventuales condonaciones. Además, se requiere repensar el modelo de inserción de la región y las alternativas de reactivación a la luz de los cambios estructurales que ocurrirán en la globalización y el mundo post COVID-19.
El valor de las exportaciones de la región caería cerca de 15%. Los mayores impactos se darían en los países de América del Sur, que se especializan en la exportación de bienes primarios y, por lo tanto, son más vulnerables a la disminución de sus precios. El número de desempleados de la región llegaría a 37,7 millones. Asimismo, la elevada participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la creación del empleo (más del 50% del empleo formal) aumenta los impactos negativos, pues este sector ha sido duramente afectado por la crisis, mientras que la desigualdad de género se acentuará con medidas como el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas, pues aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres. La caída económica agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo, total 37.70 millones; llevará a 28.7 millones de personas adicionales a la pobreza, para alcanzar 215 millones y a 15.9 millones de personas a la pobreza extrema, total 87 millones.
Estas cifras de por si son preocupantes para toda la región, en nuestro caso son cifras modestas, se estima una caída de 5.30 % en promedio en la región, Venezuela puede caer en un 18 %. Mientras en el hemisferio los parlamentos se ponen de acuerdo para tomar medidas para mitigar y combatir la crisis, en nuestro país se gesta una lucha insensata y desgastante de un régimen negado a compartir el poder y una oposición sin objetivos claros.
Los parlamentos Latinoamericanos en acuerdos visibilizan el debate político y las demandas sociales. Juegan un rol activo en modificaciones, aprobación y supervisión de los presupuestos públicos. Toman medidas fiscales para atacar la emergencia enfocadas en: proteger la salud de la población con más recursos al sector salud; apoyar a los hogares, especialmente a los más vulnerables, a través de transferencias para compensar pérdidas de ingresos de empleados formales e informales; proteger la capacidad productiva con liquidez particularmente de las Pymes y entender que las medidas son insuficientes por lo que será necesario buscar financiamiento externo (más deuda).
Venezuela es la Nación de la región en peores condiciones para atender un contagio masivo, y para colmo de males con desacuerdos políticos profundos, que prioriza una elección parlamentaria ante el acuerdo urgente para atender y preparar a la población contra un enemigo extremadamente peligroso. Los ciudadanos demandamos más y mejor acceso a información oportuna y confiable y mejores instituciones para participar en las decisiones que les afectan. La elección parlamentaria no puede ser un elemento de discusión en este momento, la Nación fallece lentamente y los actores políticos no hacen nada para aliviar su angustia. Requerimos de importantes esfuerzos para construir arreglos, que, con la supervisión y transparencia de la ejecución de medidas urgentes acordadas y adecuadas, contribuyan a informar a la sociedad civil sobre las acciones de las instituciones y a fortalecer la confianza ciudadana. Es necesario abrir canales institucionales de diálogo e incidencia de la sociedad civil para conseguir respaldo y comprensión, así como para conducir el proceso después de la crisis.
El último documento de la CEPAL recomienda: en lo inmediato, implementar un ingreso equivalente a una línea de pobreza por seis meses a la población en situación de pobreza; en el corto plazo, evitar la destrucción de capacidades productivas con subsidios diferenciando por tamaño de empresas con compromiso de conservar la relación de trabajo; en el mediano plazo, formular respuestas para un mundo post COVID que traerá cambios de modelo, de la estructura productiva con mayor igualdad y sostenibilidad; se requiere un Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social (fiscal, social y productivo) que incluya la universalización de acceso a los derechos, ingreso básico universal y un sistema de cuidados y impulsar la integración regional en una nueva geografía económica.
Lastimosamente la confrontación política, condena a la población a una lenta y horrorosa agonía, por la ausencia de acuerdos mínimos para aliviar en lo posible el genocidio impuesto por Maduro y su banda.
gguillermorb@yahoo.com
@germanrodri
@germanoveja
