Por: Fortunato González Cruz…
El rocambolesco acuerdo de la Asamblea Nacional contra la Universidad Venezolana es otra manifestación de la banalización de la institucionalidad democrática, del empobrecimiento del lenguaje político de los diputados que lo propusieron y aprobaron, del desprecio a la verdad y de la ignorancia de las leyes.
Para la Constitución la Universidad es una comunidad que busca el conocimiento mediante la investigación, la docencia y la extensión. Para ello le reconoce autonomía a todas, puesto que la condición experimental de una Universidad es temporal. Reconoce la Carta Magna a las universidades autónomas, y a 16 años de vigencia todas debieran serlo, poder para darse sus normas de gobierno, funcionamiento y administración, y, además, para planificar, organizar, elaborar y actualizar sus programas académicos. Dice que las universidades estarán bajo el control y vigilancia que a los efectos establezca la ley. Esta es la Ley de Universidades.
En desarrollo del principio autonómico, las universidades han establecido sus mecanismos de control dentro de los sistemas establecidos en la Constitución y en las leyes. Es el Consejo Nacional de Universidades dentro del Sistema Nacional de control el órgano que vela por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de la Ley de Universidades. Nadie más.
Existe un control político extraordinario que le corresponde a la Asamblea Nacional. En efecto. La Constitución le atribuye a la representación popular “ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley.” Si bien las universidades no forman parte ni del Gobierno ni de la Administración Pública Nacional, puesto que son instituciones del Estado con estatuto particular, nada impide que puedan designar comisiones especiales para realizar estudios e investigaciones y la crisis que viven las universidades bien merece la atención de la Asamblea Nacional y el nombramiento de una comisión de parlamentarios que estudien e investigue sus causas y sus efectos.
Pero la Asamblea Nacional una vez más renuncia a sus competencias y se las rebota al Ejecutivo Nacional al acordar “sugerirle” que demande a los cuentadantes de las universidades, que tome medidas por el paro de los trabajadores universitarios, que realice una auditoría a las universidades que se encuentran paralizadas. Las “sugerencias” son inocuas y arbitrarias en lo jurídico, pero perversas en lo político y responden a la estrategia de demoler la institucionalidad constitucional y acabar con el espacio de libertad que sobrevive en medio del clima de anarquía, tiranía y podredumbre que acosa, humilla y avergüenza a los venezolanos.
Choca a la mediocridad, a la insolencia, al despilfarro, a la inmoralidad que penetra y corrompe todo el “proceso” la existencia de una comunidad que pese a la humillación, a la arbitrariedad y al desprecio del gobierno y de la Asamblea Nacional, sobrevive callada formando miles de profesionales competentes, realizando sus investigaciones y trabajando seriamente por el conocimiento. Eso los irrita y de allí semejante panfleto emanado de un cuerpo que ha renunciado a ser el primero de los poderes en un Estado Democrático.
