Por: Fortunato González Cruz…
La definición constitucional de la Universidad Venezolana es clara e inequívoca. El principio autonómico es lo primero que consagra el artículo 109 porque es el que permite a los profesores, estudiantes y egresados dedicarse al conocimiento.
Autonomía es el nombre académico de la libertad y ella es el principio y la garantía para que la comunidad en su conjunto y cada uno de sus integrantes realicen la investigación científica, humanística, artística y tecnológica de acuerdo con las líneas que establece la propia institución. Sin libertad no es posible la creación científica ni artística. El fin es el beneficio espiritual y material de la Nación, es decir, el conjunto de los venezolanos que tienen derecho al bienestar y a la prosperidad según lo reconoce el artículo 3.
El texto constitucional establece la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión, así como para darse sus normas de gobierno, funcionamiento y administración Esta declaración comprende a todas las universidades públicas y privadas, autónomas o experimentales puesto que es esencial para que cada una diseñe su perfil académico y lo desarrolle.
Cuando la Constitución y la Ley de Universidades se refieren a las universidades experimentales también les reconoce autonomía, sólo limitada por las condiciones especiales que requiere la experimentación educativa. En este caso su organización y funcionamiento lo define un reglamento ejecutivo, y “serán objeto de evaluación periódica a los fines de aprovechar los resultados beneficiosos para la renovación del sistema y determinar la continuación, modificación o supresión de su status.” La autonomía restringida de las universidades experimentales es temporal puesto que la Constitución ordena reconocer su autonomía plena mediante la evaluación de su desempeño. O pasan al goce pleno de su autonomía o deben ser suprimidas.
La grave crisis de las universidades tiene un doble aspecto cada uno gravísimo: las que gozan de plena autonomía están sometidas al acoso presupuestario, se les impide elegir sus autoridades y se les humilla, pero aún tienen espacio de libertad.
Las otras sufren también de restricciones presupuestarias, sus autoridades son designadas por el régimen sin posibilidades de ejercer la libertad de elegir, y no hacen ni ciencia ni investigación por ser víctimas de la ideologización que falsifica y somete a la “verdad” oficial. Su personal docente, administrativo y obrero es designado a dedo, sin estabilidad, vigilado por quien controla la nómina y asegura su fidelidad perruna al régimen, amarrados con la vergonzosa cadena de la necesidad.
Esta no es la Universidad libre, creativa y comprometida con la Nación, sino unidades militarizadas, arrodilladas y sometidas. Su crisis es menos visible, pero mucho, mucho más profunda y humillante. Otorgan certificados pero no imparten conocimientos ni crean valores democráticos, imponen la adoración servil a caudillos, el silencio y el miedo. En algún tiempo eligieron las autoridades, como la Unellez, por ejemplo, pero el ejercicio de la democracia no le convenía al régimen y le coartaron la libertad.
La Universidad debe defender su naturaleza autonómica en todos los escenarios y exigir al Estado y a los poderes el acatamiento a la Constitución y por ello hay que insistir en hacer lo que sabe: impartir clases, investigar, trabajar con las comunidades, mantenerse activa. Estudiar y luchar sigue siendo la consigna.
